CIUDAD DE MÉXICO.- Por el considerado terrorismo fiscal de las nuevas disposiciones que regulan la expedición de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) como la Carta Porte digitalizada que se estableció en la miscelánea fiscal 2023, así como la inseguridad que los amenaza día con día en las carreteras, transportistas amagaron con realizar un paro que haría colapsar al país, de no ser escuchados por la actual Administración.
En el marco de la sesión de la Comisión Permanente, el presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, David Estévez Gamboa, acudió al Senado de la República para denunciar que durante el primer cuatrimestre del año en curso, el robo a transporte de carga se incrementó un 10 por ciento, mientras que en 2022 se reportaron cerca de 20 mil incidentes.
El dirigente de este gremio puntualizó que el complemento Carta Porte siempre se ha tenido de manera física, donde se plasma, el tonelaje, costo del flete, traslado e impuesto a la federación, pero ahora pretenden hacerlo con más requisitos, porque lo exigen de manera digitalizada.
Diputados y senadores del PRI, en causa en común, acompañaron al líder de “los hombres camión” quienes defendieron que el autotransporte de carga es el principal modo de transporte en México y genera casi el tres por ciento del empleo a nivel nacional, además de contribuir con el 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), aunque en el sexenio anterior llegó al 4.7 por ciento, y se conforma por más de 152 mil empresas que mueven el 83 por ciento del tonelaje doméstico.
Acompañada por representantes del sector, la diputada del PRI, Carolina Viggiano Austria, hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que dar una prórroga a este sector y generar condiciones más favorables para desarrollar sus actividades económicas.
A través de punto de acuerdo inscrito ante la Comisión Permanente, la priista planteó que, a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT), no se impongan mayores requisitos inoperantes que impidan el sano desarrollo de dichos sectores productivos y que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reconsidere la pertinencia de los mismos.
Además, pretende que el Congreso de la Unión exhorte a la Guardia Nacional a atender las principales problemáticas que enfrentan los transportistas en todo el país, revisando o implementando una estrategia de seguridad en las carreteras de todo el territorio nacional donde prevalece la inseguridad.
La priista Carolina Viggiano calificó las medidas fiscales de regresivas con las que el Gobierno federal consigue debilitar al sector, incluyendo a los microtransportistas, quienes tendrán que emitir el trámite de manera obligatoria, cuando no cuentan con las condiciones necesarias para realizarlo y de no cumplirse en los términos en los que se encuentra representa multas que van desde los 19 mil hasta los 112 mil pesos.
Con información de Quadratín CDMX
