CUDAD DE MÉXICO.- La pretensión causó la renuncia de Javier Jiménez Espriú a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), pero la Cámara de Diputados votó por entregar el manejo integral de los puertos a la Secretaría de Marina (Semar).
Con el desacuerdo de la oposición e incluso de algunos legisladores de Morena y PT, el Pleno avaló en lo general y en lo particular los artículos no reservados, con 263 votos a favor, 85 en contra y 43 abstenciones, el dictamen que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos.
Con esta reforma, se traslada funciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la materia, a la Secretaría de Marina (Semar), por lo que prácticamente tendrá el control en este sector, ya que fungirá como única autoridad marítima nacional y será la encargada de la implementación de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, lo que fue severamente criticado por la oposición, la cual señaló una militarización de los puertos.
Sin embargo, el documento refiere que el objetivo de esta reforma es fomentar el desarrollo, fortalecer la seguridad y protección marítima y portuaria, así como hacer más eficiente la prestación de trámites administrativos a la comunidad marítima, y que no existe la finalidad expresa o tácita de militarizar los puertos, sino de dar certeza sobre autoridad que tiene competencia y facultades en materia portuaria.
“En síntesis, se plantea concentrar, entre otras, las atribuciones en materia de seguridad y protección portuaria en la Secretaría de Marina, con la finalidad de que México esté en posibilidad de responder a las exigencias que el país y la comunidad marítima requieren en la materia.
“También se amplía la facultad a la Secretaría de Marina para dirigir la educación naval militar y la educación náutica mercante; igualmente, de fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes por agua, así como las tarifas para el cobro respectivo”, señala el documento.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera, expresó que con las reformas se reafirma, fortalece y unifica la autoridad marítima nacional, pues aseguró que se sientan las bases para hacer mucho más competitivo al sistema portuario y ubicar a México, dijo, como potencia marítima mercante, y así modernizar los puertos, particularmente, los de altura.
Rechazó que estas reformas sean inconstitucionales, ya que, explicó, la Semar es una dependencia creada para el despacho de asuntos administrativos, no tiene naturaleza jurídica distinta a la de sus pares, no tiene encomendadas funciones militares y no se encarga de asuntos de guerra.
Barrera Badillo argumentó que la Secretaría de Marina será la encargada de ser autoridad en lo relativo a los vertimientos de desechos en el mar, realización de trabajos hidrográficos, otorgamiento de permisos para expedición, exploraciones científicas o realizar trabajos de investigación sobre ciencias marítimas.
