CIUDAD DE MÉXICO.- Por instrucción presidencial, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, detalló los onerosos gastos de 16 mil millones de pesos al año que representaron ocho contratos de prestación de servicios con particulares para la construcción y operación del mismo número de reclusorios en el país, durante el gobierno de Felipe Calderón.
En conferencia de prensa matutina, la funcionaria federal destacó algunas de las cláusulas de los contratos donde se establecen que la operación y la seguridad están a cargo del Gobierno de México y las empresas o desarrolladoras sólo están obligadas a brindar condiciones materiales, tecnológicas y algunos servicios auxiliares.
En ellas, también se estableció que la vigencia de por lo menos 20 años para la prestación del servicio de estos proveedores para cada uno de los centros penitenciarios y el monto proyectado con actualización e impuestos fue de 276 mil 619 millones de pesos, de lo cual se ha erogado en nueve años 85 mil 398 millones de pesos.
También señala este convenio que los pagos realizados durante la vigencia de cada uno de los contratos se llevarán a cabo de manera mensual en su totalidad, con independencia del número de personas privadas de la libertad que lo ocupen, es decir, si un penal tiene 100 personas se paga lo mismo que si tuviera dos mil personas.
“El trato representaba un gasto para el pueblo de México equivalente este gasto representa un equivalente al hospedaje diario en un hotel de cinco estrellas o más por el alojamiento, alimentación y la atención de cada interno”, expresó la Secretaria de Seguridad.
En 2020, señaló que el gasto fue tan grande que, de los 22 mil 776 millones del presupuesto ejercidos por Prevención y Readaptación Social, 67.7 por ciento se fue en el pago de estos ocho contratos, casi el total, lo que significa la privatización de estos servicios.
Los contratos establecen que los inmuebles y sus instalaciones una vez concluida su vigencia siguen siendo propiedad del proveedor y no del Gobierno de México.
“Este fue uno de los principales puntos que se abordaron en las mesas de trabajo que el presidente nos instruyó tener junto con la Consejería Jurídica y con los prestadores de servicios para tratar los montos y cláusulas de los contratos, y llegar a un acuerdo que revirtiera el grave daño ocasionado a la hacienda pública”, informó.
La secretaria Rosa Icela dio a conocer, con cifras al 31 de marzo, suman 12 mil 334 personas privadas de su libertad en estos ocho penales del país que dan servicios, con un porcentaje de ocupación de 32 por ciento, como el caso del penal de Morelos donde se paga como si estuviera lleno al 100 por ciento.
Con información de Quadratín CDMX
