CIUDAD DE MÉXICO, 22 de septiembre de 2023.- Cuando decidió que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no contrataría de nuevo un seguro que cubriera daños por sismos a pesar de saber que sería la única posibilidad de afrontar un desastre como el ocasionado por los terremotos de septiembre de 2017, el antropólogo Diego Prieto Hernández no tenía certeza alguna de cuál sería su futuro como funcionario público.
Sabía, en realidad, que al sexenio de Enrique Peña Nieto le restaban sólo ocho meses, los mismos meses que a él le quedaban como director general del instituto. La carencia de un seguro que incluyera afectaciones por sismos sería un problema, sí, pero para alguien más, para quien lo sucediera en el cargo.
Así que Diego Prieto aceptó en abril de 2018 que el INAH contratara una póliza tan básica que no servía en caso de un terremoto.
Es verdad que después de septiembre de 2017 el costo de la prima de las pólizas se disparó, pero también que los 3 mil 500 millones de pesos pagados por Seguros Banorte —empresa con la que se había firmado la póliza entonces vigente— permitieron iniciar los trabajos de restauración de casi la mitad de los 2 mil 340 inmuebles históricos dañados ese año.
El gobierno saliente de Peña Nieto ya no iba a destinar más recursos a pagar una cifra elevadísima para asegurar el patrimonio histórico y arqueológico del país.
Él, como director del INAH, y la entonces secretaria de Cultura, María Cristina Cepeda, habían hecho lo que estaba a su alcance. Por eso, a partir del primer minuto del día 8 de abril de 2018, los más de 11 mil monumentos históricos construidos entre los siglos XVI y XIX, las 29 mil zonas arqueológicas del país, las pinturas, esculturas, mobiliarios y códices en resguardo del INAH se quedarían sin un seguro que cubriera daños provocados por sismos.
Y así permanecerían durante casi cuatro años.
