CIUDAD DE MÉXICO.- Ni la pandemia ni la grave crisis económica que apenas comienza y gravitará sobre generaciones
A diputados y senadores lo que les preocupa es el operativo Rápido y Furioso… ¡de hace diez años!
El objetivo parece claro: inculpar al ex presidente Felipe Calderón con el fin de ponerlo a merced de la 4t y de su gobierno.
En una histórica sesión a distancia, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión discutió en su apartado de Agenda Política el operativo denominado Rápido y Furioso, cuyo escándalo estalló en 2011 por la introducción ilegal de dos mil 500 armas a territorio nacional.
Hace una década, el escándalo estalló en diciembre de 2010 por la muerte del agente Bryan Terry, con un arma proveniente de Estados Unidos. Y antes que cualquier otro tema de emergencia, como la crisis de salud y económica provocada por el virus Covid 19, de conformidad con el acuerdo aprobado en la Mesa Directiva, a la nota diplomática sobre el fallido operativo, inscrito por el grupo parlamentario de Morena, se le dio prioridad en la discusión de este miércoles.
En nombre del PAN y PRI, las senadores Xóchitl Gálvez y Claudia Ruiz Massieu coincidieron que, en lo nacional, la Comisión Permanente tendría que estar hablando de cómo diseñar políticas que permitan cuidar la salud y el bolsillo de las familias mexicanas, así como asegurar la integridad y las condiciones en las que el personal médico está dando la batalla por todos.
La Operación Rápido y Furioso, entre 2009-2011, inició en Arizona en diciembre de 2010, donde se estimaban mil 961 armas vendidas al narcotráfico desde octubre de un año antes y con un gasto de 650 mil dólares con 710 armas recuperadas hasta febrero de 2012.
En su intervención, la senadora de Morena, Martha Lucía Mícher Camarena, reclamó dos cuestiones: se mintió a los mexicanos y al Congreso de la Unión, violándose así la ley mexicana para una intromisión ilegal de armamento, atentando contra la soberanía nacional.
“La violación a la ley por parte de autoridades mexicanas del más alto nivel o a la soberanía del país, resulta sumamente delicado”, fustigó la morenista.
La diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del grupo parlamentario del Encuentro Social, afirmó que dicho plan de casi dos sexenios pasados estuvo mal y defendió que la estrategia de seguridad de hoy está bien y estará mejor, pero la realidad que se vive en Tamaulipas y en México es otra.
“Armas, dinero y drogas cruzan la frontera entre México y Estados Unidos con mayor facilidad que un virus”, asestó la legisladora del PES.
De acuerdo con los informes oficiales del gobierno, México pasó de decomisar 40 mil en 2011 a solo 14 mil en 2019.
“El número no disminuyó porque se haya dejado de traficar, el número ha disminuido porque algo dejamos de hacer hace 12 años, hace seis años y ahora”.
En uso del micrófono a distancia, la diputada Leticia Gómez Ordaz, del grupo parlamentario del Partido Verde, lamentó el hecho que contribuyó de forma directa a que la violencia del país se incrementara de una forma alarmante, al dotar al crimen organizado de armas de alto calibre. Por ello, consideró necesario que tal información, como lo manifestó el canciller Marcelo Ebrard, sea proporcionada para que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda deslindar responsabilidades.
Mario Alberto Rodríguez Carrillo, diputado de Movimiento Ciudadano, refirió que en el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivo de los Estados Unidos, (ATF, por sus siglas en inglés) tuvo el objetivo de vender armas a grupos armados y posteriormente rastrearlos, evidenciar, recolectar y generar evidencia para dar y detener con traficantes de armas.
Sin embargo, este operativo reportó el extravío de armamento que ingresó al país de manera ilegal, de las que se terminó perdiendo control y su paradero.
Posteriormente, dijo que después se sabe que se recuperaron en manos de personajes que integran los llamados cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Beltrán Leyva y hasta de Los Zetas.
El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, defendió la nota diplomática que envió el gobierno mexicano para que se aclare si en el sexenio de Felipe Calderón sabía o no de este tema.
La priista Claudia Ruiz Massieu Salinas reconoció que el tráfico de armas es un asunto trascendental para la relación bilateral que tiene consecuencias directas sobre el gran reto de seguridad que enfrenta México.
“Ningún país puede solo superar los enormes retos que nos está planteando a todos el Covid 19, ningún hombre puede solo tampoco, por cierto”, asentó la senadora del PRI al reprochar el tema que se priorizó en la discusión del apartado de Agenda Política.
“Deberíamos estar hablando hoy aquí en esta sesión de cómo combatir la violencia que están sufriendo muchísimas mujeres en sus hogares en medio del confinamiento; deberíamos estar hablando de cómo enfrentar a la delincuencia que aún en medio de la pandemia está haciendo sufrir a los mexicanos en muchos rincones del país”, criticó.
Y agregó: “deberíamos debatir sobre cómo garantizar que nuestra política energética cumpla no sólo con nuestros compromisos internacionales con el medio ambiente, sino con nuestra responsabilidad medioambiental con las próximas generaciones, deberíamos también hablar de cómo construir políticas de seguridad que protejan a las personas hoy con pleno respeto a sus derechos humanos y a sus libertades”.
La panista Xóchitl Gálvez Ruiz se sumó a las voces que reclamaron temas relevantes como para hablar de algo que pasó hace 10 años; “ustedes son gobierno y tienen todas las posibilidades de investigar y castigar y no sólo seguir denunciando mediáticamente”.
“Rápido, pero no tan furioso fue el hijo del titular de la CFE, León Bartlett, quien le vendió a este gobierno 20 ventiladores a tres veces su valor, obviamente ante las denuncias se tuvo que cancelar este contrato”, fustigó.
“Rápido y muy furioso este gobierno está sepultando las energías, discúlpeme quien no comparta lo que está pasando, pero no puede estar equivocado el mundo”, arremetió.
Dolores Padierna Luna, diputada de Morena, afirmó que el ex presidente Felipe Calderón conocía de la introducción ilegal de las armas al país, y con ellas se asesinaron a miles de mexicanos.
Con ello, sentenció que el ex mandatario federal del PAN violentó la soberanía nacional, con lo cual se configura el delito de traición a la patria, después le siguió el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien no movió un dedo, a pesar de las investigaciones y documentos que se le entregaron.
