CIUDAD DE MÉXICO.- A cerca de siete años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, persiste la impunidad y la falta de acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas, señaló en un pronunciamiento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Sus madres y padres mantienen la presencia del dolor de no saber el paradero de sus hijos. El pueblo de México no puede condescender con la injusticia crónica y la ausencia de verdad, indicó.
El 28 de noviembre de 2018, la CNDH emitió la Recomendación 15VG/2018, relacionada con la investigación de violaciones graves a los derechos humanos con motivo de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, ventilados en el expediente de queja CNDH/1/2014/6432/Q/VG.
Dicha investigación estuvo a cargo de la Oficina Especial para el Caso Iguala, la cual fue declarada extinguida el 29 de enero de 2020, mediante Acuerdo de la Presidenta de la CNDH, con el objeto de que la Primera Visitaduría General y la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, retomaran el acompañamiento de las víctimas, brindándoles todas las condiciones materiales, asesoría jurídica y atención para tener acceso a la verdad y a la impartición de justicia, y llevando a cabo el análisis del expediente, con la finalidad de valorar el alcance de la Recomendación y encontrar la forma de que se avance en la conclusión de las investigaciones.
El 14 de febrero de 2020, mediante acta de entrega-recepción, la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, recibió el expediente de seguimiento de la Recomendación 15VG/2018, y derivado de un estudio minucioso de ésta, se encontró que no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, al no contemplar la búsqueda con vida de los 43 normalistas desaparecidos.
La Comisión considera que revictimiza tanto a las víctimas directas como a las indirectas, específicamente a la comunidad de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero. Es decir, es una Recomendación que se emitió sin tomar en consideración lo siguiente:
Los elementos probatorios que integran el expediente de queja CNDH/1/2014/6432/Q/VG, ponen de manifiesto la existencia de autoridades que tuvieron mayor participación en los sucesos, y que no obstante esto, se les dirigieron recomendaciones poco contundentes, como las hechas a la Secretaría de la Defensa Nacional, los Ayuntamientos de Iguala y Cocula, y a la Fiscalía del Estado de Guerrero, con puntos recomendatorios notoriamente desproporcionados a la gravedad de las violaciones a los derechos humanos.
Los puntos recomendatorios dirigidos en específico a la Secretaría de la Defensa Nacional no refirieron una necesaria investigación exhaustiva de los elementos del 27 Batallón de Infantería involucrados, ya que, de acuerdo con la investigación llevada a cabo por esta Comisión Nacional, tuvieron participación protagónica en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, y a pesar de eso, ocultaron información recabada en cada uno de los eventos en los que fueron partícipes, pero además no se proporcionó a las autoridades, lo que se traduce en la comisión de violaciones a los derechos humanos, atribuibles a los elementos castrenses.
Además, existen autoridades de las cuales se identificó su participación en los hechos, que no fueron recomendadas como correspondía, como es el caso de los Ayuntamientos de Huitzuco y de Tepecoacuilco de Trujano; circunstancia que resulta incongruente ya que dentro de la misma Recomendación 15VG/2018quedó constatada, lo que resulta alarmante, ya que su actuación fue constitutiva de violaciones a derechos humanos.
De igual forma, específicamente respecto al Ayuntamiento de Huitzuco, los elementos de prueba señalan que algunos de los estudiantes fueron trasladados a ese Ayuntamiento, participando elementos de las policías federal, estatal y municipal, lo cual no se abordó en la recomendación.
No se escuchó a las víctimas, ni se respetaron sus derechos, antes de la emisión de la citada recomendación, dejando de lado los cinco puntos imprescindibles de la investigación, que las madres y padres de los 43 normalistas demandaron para llegar a la Verdad y la Justicia: 1. Búsqueda en vida; 2. Ejército mexicano; 3. Huitzuco, 4. Telefonía celular y, 5. El trasiego de la droga de Iguala a Chicago como móvil de la agresión.
Por otro lado, no se señaló como punto recomendatorio a la Fiscalía General de la República el garantizar el acceso a la información de las líneas de investigación que se fueran agotando, y a las que continúan en investigación, ello a fin de que las víctimas en todo momento conozcan los avances en las investigaciones de los hechos.
Se denigró, criminalizó y estigmatizó de manera dolosa a la comunidad de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, al señalarla como partícipe en el tráfico de estupefacientes, perdiendo de vista que un gran número de estudiantes de su comunidad fueron víctimas de hechos violatorios graves de derechos humanos, y con ello la CNDH revictimizó y reforzó un estereotipo negativo ante la opinión pública que afectó a generaciones de estudiantes, de entonces y a la fecha, tanto de la Normal “Raúl Isidro Burgos”, como de todas las Normales Rurales.
Con estos antecedentes, el pasado 21 de marzo la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, se reunió en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, con familiares y representantes de los 43 estudiantes
Con información de Quadratín CDMX
