Ciudad de México.-Sobre el caso del caso del Cártel Inmobiliario de Benito Juárez, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara López, cuenta con más datos de prueba que podrían acreditar la red de operaciones con recursos posiblemente ilícitos, mejor conocido como lavado de dinero.
“Derivado de las indagatorias iniciadas por el delito de enriquecimiento ilícito, se cuentan con nombres y probables responsables en posiciones de una pirámide de complicidades, en las que podrían haber participado testaferros y empresas fachada.
“Que, asociados entre sí, enajenaron, adquirieron, administraron y dieron en garantía bienes inmuebles con el propósito de impedir que se conozca su origen”, detalló Lara López, en mensaje a medios.
Añadió que la FGJCDMX cuenta con indicios más claros de esta posible red de lavado de dinero, la cual estaría encabezada por Sofía Soraya N., hermana del exdiputado y exalcalde panista de Benito Juárez Christian Von Roehrich, aprendida en febrero de este año e investigada por su probable participación en el delito de asociación delictuosa.
Recordó que Sofía Soraya N. fue ubicada y aprehendida en el poblado de Juriquilla, Querétaro, y señaló que fungió como la apoderada legal de empresas, las cuales se encuentran probablemente vinculadas con Nicias René N., ex director de Obras de la alcaldía Benito Juárez, quien también es investigado por enriquecimiento ilícito.
La representación social tiene identificadas a otras cinco personas probablemente relacionadas en esta red de lavado de dinero; de ellas, dos podrían ser familiares del exdirector de Obras.
“Ahora bien, estas siete personas –Sofía Soraya N., Nicias René N. y las otras– probablemente relacionadas en esta red de lavado de dinero, habrían operado por sí e interpósita persona a través de tres empresas de distintos giros, como una constructora, otra que aglutina centros educativos privados y otra más dedicada a inversiones”, agregó.
Además de estas siete personas, “y la referida en el pasado mensaje, a quien se le descubrió un incremento en su patrimonio hasta por 300 millones de pesos, se tienen identificadas a otras cinco más que están en la base de la pirámide; testaferros cuya conducta podría estar relacionada con la adquisición, enajenación o administración de bienes inmuebles”.
La gran mayoría de quienes podrían integrar esta red de operaciones con recursos de procedencia ilícita son exservidores públicos y familiares de dichos funcionarios.
Como parte de esta serie de hallazgos, recordó, se ha dado vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Procuraduría Fiscal de la Federación y, en su debido tiempo, a la Fiscalía General de la República, al tratarse de posibles delitos del orden federal.
Con información de Quadratin
