CIUDAD DE MÉXICO.- Graves serán las consecuencias de aprobarse la iniciativa sobre subcontratación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo a la iniciativa privada prohibir esta actividad legal en todo el mundo desalentará la inversión privada en el país; pone en riesgo millones de empleos que se irán a la informalidad; disminuirán los ingresos, vía impuestos, del gobierno; romperá con la inercia de recuperación de empleos, que incluso presume el propio jefe del Ejecutivo, y los que defraudan y simular seguirán haciéndolo bajo otros mecanismos.
De acuerdo a cifras oficiales y estudios del sector privado el mercado de la subcontratación en México está integrado con 5 millones de trabajadores subcontratados.
En él participan cientos de empresas de subcontratación de todos los tamaños, grandes que administran a miles de personas o pequeñas que solo manejan a unas cuantas decenas de empleados.
En materia de pérdida de empleo, los Censos Económicos del Inegi de 2019 estiman que el personal subcontratado es de casi 5 millones de personas, lo cual representa poco más del 23 por ciento de los trabajadores inscritos en el IMSS.
Así, al prohibir la subcontratación, esos millones de trabajadores subcontratados tendrían que ser integrados a la estructura de las empresas contratantes en un plazo muy corto, con la actual coyuntura económica esa tarea resultaría muy difícil, en el camino, quedarían varios cientos de miles de trabajadores sin empleo.
En México miles de empresas son usuarias de la subcontratación de todos los tamaños y en todos los sectores económicos.
Los micronegocios (aquellas que emplean de 1 a 10 personas), que integran el 94.9 por ciento de los establecimientos, emplean el 9.5 por ciento del personal subcontratado.
Las pymes subcontratan a 44.7 por ciento de su personal. En las grandes empresas el 45.8 por ciento del personal es subcontratado.
Por otro lado, en el sector servicios 34.8 por ciento del personal es subcontratado, 30.5 por ciento en el comercio y 24.9 por ciento en las industrias.
La subcontratación es utilizada transversalmente en toda la economía de México, prohibir esta actividad dejaría sin personal a estas empresas de todos los tamaños y a todos los sectores económicos.
Aumentaría la informalidad laboral ya que el modelo de negocios de la subcontratación permite que todos los trabajadores subcontratados estén registrados en el IMSS, pues empresarios no incluyen a un tercero en la relación laboral sino va a garantizar la protección social de sus trabajadores.
Por esta razón, todos los trabajadores subcontratados están registrados en el IMSS. Así, la subcontratación ayuda a reducir la informalidad laboral.
Un estudio del Colegio de México muestra que, en los sectores que hacen uso intensivo de la subcontratación se ha reducido la informalidad del 33 al 22 por ciento de la población ocupada en esos sectores.
La eliminación de la subcontratación haría que los trabajadores ahora formales se fueran a la economía informal, donde no tienen seguro social ni prestaciones.
Si bien la subcontratación tiene malas prácticas, éstas pueden erradicarse con una aplicación estricta de la ley y sanciones ejemplares a las empresas fraudulentas que las realizan, sin embargo, el prohibir la subcontratación haría que dichas empresas fraudulentas continuarán ofreciendo sus servicios ilegales con más gente desempleada tratando de conseguir empleo de cualquier clase, sin disposiciones jurídicas adecuadas que las pueda regular, ha señalado el sector privado.
Con información de Quadratín CDMX
