Divisiones e intervenciones

El comunicado gubernamental sobre la tercera intervención de la OEA en los asuntos nacionales, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos representa la virtual sepultura del “ombusperson” en México. 

El primer paso para desaparecer la comisión fue crear otra paralela, llamada en este caso por la Verdad y el Acceso a la Justicia. Falso, la justicia sólo puede ser dictada y aplicada por el Poder Judicial. Las comisiones investigan y recomiendan. No tienen condición jurisdiccional.

El segundo, en la materia ahora comentada, fue extinguir desde dentro la oficina especial para el caso Iguala, la cual durante 4 años documentó pormenorizadamente los hechos y sus consecuencias humanitarias, jurídicas y sociales. 

Y el tercer paso, traer a los extranjeros para ganar tiempo, pues en dos años no se ha podido avanzar en ningún sentido, excepto en la liberación de los responsables, con el recurso siempre eficaz de alegar torturas y desviaciones procesales, como si eso anulara los delitos cometidos.

Todo proviene de una politización del tema. Y esa parece ser la firma sexenal.  En el gobierno hay muchas indefiniciones o muchos errores de percepción. 

El primero es del presidente de la República, quien ha dicho en repetidas ocasiones, los gobiernos anteriores eran los principales violadores de los Derechos Humanos. Pues serían los únicos, porque esos agravios sólo se producen desde el poder. El anterior (es)  y el presente.

Un ejemplo de cotidiana violación de los DH por parte de este gobierno es evidente: las deficiencias en la atención de la pandemia, la escasez de insumos, la falta de equipo y medicinas oportunas, violan el derecho humano a la salud de muchos mexicanos, cuya garantía es obligación irrenunciable del Estado. Eso sólo por mencionar un caso visible, reciente  y diario. 

Pero al parecer la preocupación fundamental de este régimen es con los muertos y nn todo caso con quienes se pasan de vivos. 

Sus afanes extraordinarios en cuanto a los desparecidos y la creación de un sistema forense de identificación nacional y todo lo relacionado con esos 40 mil perdidos por accidente, fuerza pública, abandono o muerte inadvertida, confirma la vocación de funeraria. 

 Por eso ahora han tomado una ruta sobre la cual la CNDH no transita: la tercera visita patrocinada del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Internacionales (GIEI) , cuyos integrantes son prácticamente los mismos de los dos “mandatos” anteriores y quienes seguramente ya agotaron de su libreta de ahorros los dos millones de dólares con los cuales el pueblo mexicano, liquidó los servicios de investigación de quienes nada investigaron más allá de denigrar las pesquisas de la extinta PGR y la catatónica CNDH.

Hoy, ante la evidente falta de avances en el caso, el gobierno conoce el resultado de sus propias investigaciones, si las hiciera: con detalles mayores o menores, se encontraría con el mismo resultado, porque no hay otro. 

La búsqueda de sobrevivientes en el grupo de aquellos 43 secuestrados por los narcotraficantes apoyados por el gobierno de Iguala, aquella noche triste, es una patraña. Todo mundo –hasta el cura Alejandro Solalinde— sabe cómo fueron desparecidos los cuerpos. Unos en la hoguera y otros en oscuros barrancos y parajes perdidos. 

Buscar personas vivas  donde sólo aparecerán huesos triturados o calcinados (cuya mitocondria no ha querido ser analizada ahora), es una buena aventura de vividores o una crueldad ilusoria; también una forma de patear la bola y aplacar a  los promotores de la industria de los DH, mientras el perro se muerde la cola.

Ante ese panorama, se prefiere contratar profesionales del embrollo tautológico para cargarles a ellos el infructuoso resultado de los próximos años. 

Al GIEI  también le conviene la demora. Como lo hizo ya una vez, pedirá más tiempo y la ampliación del “mandato”. Cobrará por cuarta ocasión y reclamará –cuando lo consiga– prebendas ya obtenidas anteriormente, entre ellas, la oficialización de sus hallazgos. Y por si fuera poco la aportación a la CIDH, aumentó  a más de cinco millones de dólares. 

Pero la verdad permanecerá parcialmente oculta. La variación de los detalles no oculta los hechos. Dificulta el reparto de responsabilidades. 

Primero los hechos científicamente comprobados. Después, la autoría de ellos y la distinción entre crímenes y violaciones de DH, aunque a veces vengan juntos. Sencillo.

Hasta entonces no se podrá hablar de avances sustantivos. Al gobierno le  preocupan la soberanía alimentaria, la autonomía energética, la rectoría sobre las finanzas, pero llama y paga a los interventores extranjeros, mientras ciega nuestras instituciones, incluyendo la FGR, en los hechos también declarada incapaz.

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