CIUDAD DE MÉXICO.- Que a delitos relacionados con la delincuencia organizada se les dé trato de ilícitos del fuero común, entre éstos homicidio, secuestro, robo, extorsión, encubrimiento por receptación y contra la salud, genera impunidad, pues al tratarse de ilícitos de bajo impacto, dadas las reglas procesales, los imputados logran con rapidez su libertad, y con ello su regreso a las calles para continuar su actividad delincuencial, advirtió el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez.
El Instituto Mexicano para la Justicia, y en el marco de los Diálogos desde la frontera del crimen organizado, abundó que también se provoca inseguridad de las instituciones por falta de recursos para la atención de ese fenómeno, la especialización de los delincuentes en los centros de reclusión, corrupción, así como asesinatos de autoridades, víctimas y testigos.
En un comunidado, el magistrado urgió a que la Fiscalía General de la República revise sus acuerdos, a fin de recibir dentro de las 48 horas a los detenidos y no restringir su recepción a 12 horas, incluso en contra de lo previsto en el artículo 16 de la Constitución, pues esto, en los casos de flagrancia, ha provocado que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tenga que ejercer acción penal en el tribunal capitalino para evitar la impunidad.
En el panel Lucha contra el crimen organizado y sistema penitenciario, en el que también participó el comisionado para la Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Hazael Ruiz Ortega, además propuso canalizar más recursos al fuero común, más allá de los que por ley se deben garantizar mediante el presupuesto anual, de tal forma que éstos permitan garantizar la seguridad, la justicia y la paz de la ciudadanía en todo el país.
Destacó que en la capital se aplica una política criminal con estrategias institucionales ajustadas a la legalidad para procesar, mantener en prisión preventiva, condenar y ejecutar las penas impuestas a imputados relacionados con la delincuencia organizada.
Ejemplificó como exitosa las relativa a los traslados a centros penitenciarios federales de objetivos prioritarios, la imposición de prisión preventiva como medida cautelar, la negación de procedimientos abreviados y las sentencias acordes a los presupuestos del ilícito cometido.
En cuanto a la estrategia de traslado de internos, precisó que, entre el 30 de noviembre de 2022 y el 20 de enero pasado, se realizaron 147 de relacionados con la delincuencia organizada de penales capitalinos a centros de reclusión federal, y adelantó que, en los próximos meses, esa cifra podría sumar 2 mil 500 más.
Detalló que el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) recibe todos los días puestas a disposición de carpetas de investigación integradas por la Fiscalía local, en las que se incrimina a integrantes de la delincuencia organizada, aunque formalmente no se les imputa esos hechos.
“Diariamente tenemos, al menos, 10 asuntos de competencia originaria o recurrente con el fuero federal, donde a la persona imputada se le pone a disposición por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo junto con una portación de arma de fuego o cantidades de droga que superan nuestra competencia”, comentó.
En esos casos, precisó el magistrado, se resuelven las diligencias urgentes y se declina competencia, principalmente por el compromiso de las personas juzgadoras de evitar la impunidad y el riesgo a las familias de la ciudad y del país, que es un compromiso del órgano judicial.
“Desde nuestras funciones, seguiremos buscando una mayor coordinación entre fiscalías, poderes judiciales y autoridades penitenciarias del fuero común con el federal, a efecto de evitar la denominada puerta giratoria, para tener un registro único de detención, un banco común de datos de las personas imputadas, de soluciones alternas, de criterios de oportunidad, y de sentenciados, de tal forma, en conjunto, concretizar la paz y seguridad que merece la sociedad y que las autoridades estamos obligados a cumplir”, planteó.
En el panel también participaron Raffaella Pignetti, presidenta de ASI Caserta, y Vincenzo Lo Cascio, director del Departamento del Trabajo Penitenciario del Ministerio de Justicia de Italia.
