El testimonio de un empresario sobre la presunta red de corrupción por parte de autoridades de la alcaldía Benito Juárez, fue difundido este martes por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
En un mensaje por parte de Ulises Lara López, encargado de despacho de la Fiscalía, se mostró un video donde el empresario narra el modus operandi del Cártel Inmobiliario.
Ulises Lara afirmó que han podido conocer la amplia red de vínculos y establecer con mayor precisión la forma de operar de funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, quienes posiblemente se aprovechaban de sus encargos y posición dentro de la demarcación.
El empresario relató que también le pidieron dinero para apoyar la candidatura política de una persona que buscaba ser delegado, sin que se revelara su identidad.
“El empresario, que por obvias razones nos reservamos su nombre, manifestó que conoció a Luis “N” alrededor del año 2010, en la entonces delegación Benito Juárez; el contacto dijo, fue un amigo en común, con el propósito de tramitar todo lo conducente a licencias de construcción”.https://www.youtube.com/embed/4lTcQmJ2wpA?feature=oembed
El empresario explicó que alrededor del año 2011, tenía una obra por desarrollar en la calle de Pitágoras, y que acudió a la oficina de la delegación a visitar a Luis “N” para que le ayudara con el procedimiento de una visita de verificación que se le había practicado en dicho inmueble…
Luego, se mostró la primera parte de la entrevista grabada.
“… Derivado a faltantes en los elementos de protección correspondientes al tema civil, por lo que se me suspendió temporalmente la obra, pidiéndole que me ayudara a resolver esa situación, solicitándome en ese momento una gratificación o apoyo económico por la cantidad de 150 mil pesos, a lo cual accedí, y habiendo pasado alrededor de 20 días naturales, fue que la obra se abrió y se pudo terminar…”
Posteriormente, añadió el inversionista, tuvo contacto con Luis “N” por segunda ocasión, alrededor del año 2015, para solicitarle nuevamente apoyo con una obra, la cual se ubicaba en la calle de Patricio Sanz, en donde se llevó a cabo una nueva visita de verificación.
En dicha visita, se le argumentó al empresario que, al no contar con los documentos, la obra sería sujeta de una sanción económica, por lo cual volvió a acudir a Luis “N”, a solicitarle ayuda.
Prosigue el empresario en la entrevista: «…Pide el expediente a la Dirección de Obras para ver cómo se encontraba el asunto y observó que la obra estaba por concluirse, por lo que en ese momento me pide una cantidad de 250 mil pesos, mucho mayor a la que en algún momento yo había otorgado años atrás, haciéndome la observación que era motivado porque ya la obra se estaba concluyendo, por lo que si quería yo obtener la autorización de uso y ocupación, era necesario que yo accediera a ello, a lo cual accedí y le di el dinero en esos días posteriores a esa reunión…”, concluye el testimonio.
De acuerdo con Ulises Lara, de las palabras del empresario también se puede destacar que, previo a ese evento, a finales del año 2014, recibió una llamada por parte de Luis “N” para reunirse en un restaurante ubicado en la colonia Del Valle.
“…En dicho restaurante me pide y hace de mi conocimiento que están apoyando la candidatura del que quería ser delegado… para lo cual me pidió que apoyara con la cantidad de 200 mil pesos en apoyo a dicha candidatura, accediendo a su petición, días después, a través de mi chofer, le mandé el dinero directamente a sus oficinas en la delegación Benito Juárez…”, testimonió el empresario.
A finales de 2016, a decir del desarrollador inmobiliario, Luis “N” buscó nuevamente una reunión con él, posiblemente para platicar respecto a las intenciones del propio Luis “N”, ahora como empresario de la construcción, a fin de asociarse y empezar a construir juntos.
De acuerdo con Ulises Lara, el declarante aseguró que recibió un contrato por parte de Luis “N” como constructor, a inicios del año 2017, para desarrollar un edificio ubicado en la calle de Cordobanes, en la colonia San José Insurgentes, el cual en su momento el propio Luis “N” comentó que lo estaban haciendo en asociación con el entonces delegado en partes iguales.
Una vez terminada la obra, Luis “N” le informó a través de mensajes que ya había negociado los números con la persona titular de la delegación, quien había accedido a la participación del inmueble y determinó quedarse con el departamento más grande.
Meses después, dijo el empresario inmobiliario, recibió otro mensaje por parte de Luis “N”, diciéndole que un familiar del referido servidor público al cual se le apoyó en su campaña, recibiría el departamento, y que en su visita al mismo había observado vicios ocultos.
En abril de 2017, a través de un amigo en común, el empresario y otras personas escucharon la propuesta de Luis “N” para llevar a cabo un nuevo proyecto; a los asistentes, Luis “N” les informó que había visitado el predio ubicado en la calle de Holbein y que traía los números, como denominaba a las aportaciones, para invertir en ese proyecto.
Refirió que todos pensaron que al tener Luis “N” las relaciones y el renombre que la delegación le había dejado, sería oportuno abrir conjuntamente una empresa para llevar a cabo el proyecto.
Previo a la constitución de dicha empresa, se adquirió dicho inmueble, ubicado en la calle de Holbein, directamente a nombre del declarante, dando un anticipo de alrededor de tres millones y medio de pesos.
En dicho contrato quedó establecido, entre otras cosas, que la parte vendedora del predio contaba con una constancia de zonificación de derechos adquiridos en el año 1991, y que, a finales de octubre, acordó con Luis “N” que este último se haría cargo de todos los trámites, gestiones, diligencias y/o cualquier situación derivada con la alcaldía, por lo que se firmó un contrato de prestación de servicios personales y profesionales con él.
Meses después, previo a la manifestación de construcción, el declarante aseguró que Luis “N” ya había negociado la protección de la obra, para lo cual le informó que vio al licenciado Alfonso “N”, en aquel momento Director de Planeación y Desarrollo y Participación en la entonces delegación Benito Juárez, el cual era muy cercano al titular en turno.
“…Informándome que había acordado el pago por la cantidad de un millón 800 mil pesos para protegernos la obra y cuidarla de visitas de verificación, diligencias o procesos que se derivaran directamente en la entonces delegación, comprometiéndose a pagar un millón por anticipado para que nos pudieran otorgar la manifestación y 800 mil pesos, una vez que se obtuviese la terminación de obra… Acudiendo a la cita solicitada, el licenciado Alfonso me dijo pues que esa cantidad del millón de pesos inicial correspondía a la protección y también a una parte que él tenía que reportarle directamente al delegado… y el saldo de los 800 mil pesos era derivado a ciertos tratos y asuntos que tenían pendientes …”, expresó el empresario.
Para el mes de agosto 2018, según señala, Luis “N” le entregó la autorización de uso de ocupación para dicho inmueble ubicado en la calle de Holbein y le solicitó que le pagaran el saldo a Alfonso “N”, porque al otorgarse dicha autorización por parte del entonces director de Obras, Nicias “N”, todo estaría en orden y cuadrado.
En suma, las cuotas que había que cubrir por protección de obra eran de 50 mil pesos por departamento, pagándose la mitad al inicio y el resto al terminar, para poder obtener la autorización de ocupación.
A finales del mes de noviembre, una vez que fue revisado un nuevo proyecto, el empresario al que nos hemos referido en este mensaje acudió nuevamente a la Ventanilla Única, con César “N”, donde una vez revisado el proyecto, le solicitó esperar unos minutos ya que vendría en ese momento su jefe, el entonces Director General de Desarrollo, Planeación de la alcaldía, Víctor Manuel “N”.
Tras una serie de testimonios más, para la Fiscalía de la Ciudad de México, es posible confirmar que el modus operandi desde 2015, de esta red de ex servidores públicos de la alcaldía Benito Juárez con decenas de construcciones en la demarcación fue recurrente, durante al menos tres administraciones, para solicitar apoyos económicos y en especie, a modo de protección para que los desarrollos inmobiliarios evitaran sanciones y multas.
Con información de Quadratin
