CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular en los artículos no reservados, con 441 votos a favor, 13 en contra y seis abstenciones, reformas a la Ley de Seguridad Social y a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en materia de pensiones, propuestas por el Ejecutivo federal.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Patricia Terrazas, detalló que estas reformas tienen como propósito mejorar la calidad de vida de los trabajadores sujetos al régimen de la Ley del Seguro Social, mediante el aumento de sus pensiones, un incremento del porcentaje de quienes perciban una pensión garantizada y más eficiencia en la administración de sus ahorros.
Señaló que se plantea reducir el número de semanas de cotización que se requieren para gozar de los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez, pasando de mil 250 a mil semanas de cotización; asimismo, sostuvo que la disminución será paulatina e iniciará con la entrada en vigor del decreto, y con el requisito de 750 semanas de cotización para obtener dichos derechos.
En tanto, el número necesario de semanas cotizadas se irá incrementando gradualmente hasta alcanzar un total de mil en el 2031; en cuanto a las aportaciones de los trabajadores, se mantendrán en sus términos, por otro lado, la de los patrones se elevará de 5.15 a 13.87 por ciento, cambio que se realizará gradualmente de 2023 a 2030.
A pesar de recibir el aval de la mayoría de los diputados, la bancada del PRD se pronunció en contra, pues señaló que esta propuesta acordada entre gobierno y empresariado, no cambia el modelo neoliberal tan criticado por el actual presidente de la República.
En ese sentido, el diputado del PRD, Antonio Ortega señaló que disminuir el número de semanas de cotización constituye una enorme carga para las finanzas públicas, ya que, recordó, en 2020 se destinaron un billón 200 mil millones de pesos de recursos públicos para atender el sistema pensionario, mientras que para 2024, dijo, se estima que el monto superará los dos billones de pesos.
“No se cambia el modelo, y con esta reforma el Estado asume nuevamente los costos del fracaso de la capitalización individual manteniendo intacto el negocio para las empresas administradoras. Es la continuación del modelo privatizador, es hacerlo que persista en el tiempo, a costa del sacrificio fiscal que nos va a representar como país”, aseveró.
Recriminó que se haya ofrecido un diálogo nacional, amplio y abierto a la sociedad para construir una solución integral y que ahora solo se tenga, lo que calificó como, un rancio acuerdo de cúpula entre empresarios y Gobierno.
Quadratín México
