TIJUANA, BC.- Personal de la Aduana mexicana asentada en Tijuana, Baja California, ha sido hostigado por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), señalándolos como corruptos. Sin embargo, nada ha sido comprobado, a raíz de ello optaron por infiltrar sus teléfonos de manera irregular.
La infiltración indebida de las autoridades de seguridad federal a los dispositivos celulares se dio la segunda quincena de noviembre, según relatan fuentes de la propia dependencia quienes solicitaron su anonimato para evitar represalias.
De acuerdo a los testimonios recabados Julián Martín Corona Rincón, Administrador de la Aduana Tijuana, en un primer momento convocó a todo el personal a un recinto del inmueble federal y antes de ingresar les quitaron los teléfonos celulares. Una vez en el sitio Corona Rincón, les notificó que serían trasladados a la partida militar de Tijuana ubicada en la colonia Morelos sobre la av. Ramos Millán.
Cabe destacar que hasta el momento no existe ninguna investigación formal por parte de las autoridades de la Fiscalía General de la República o de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, en contra de trabajadores del recinto fiscal.
Personal del círculo cercano del Administrador, “un día y otro también” los acusan de corruptos y les advierten que ya tienen monitoreados sus teléfonos y sus redes sociales, situación que es por demás ilegal pues no existe ningún mandamiento judicial que autorice a intervenir las llamadas y los teléfonos inteligentes de los empleados del Sistema de Administración Tributaria.
Según el testimonio de los trabajadores de la Aduana/SAT, personal de la división científica fueron los responsables de intervenir los celulares de todos los trabajadores de todas las áreas de la Aduana.
Ante los hechos hacen un llamado al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, para que pare el hostigamiento y en su caso castigue a los verdaderos responsables de los supuestos actos de corrupción, los cuales aparentemente son cometidos por quien ordena la irregular investigación.
