CIUDAD DE MÉXICO.- Nuevamente el gobierno ha intentado subestimar la movilización popular en defensa de la democracia, del voto, en defensa de los órganos electorales y en contra del llamado plan B para poner en manos oficiales los procesos de votación.
el 13 de noviembre estimó en 12 mil la asistencia, al decir del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama. Hoy no se atrevió a tanto.
Con un corte preliminar oficial de más de 500 mil asistentes, este domingo 26 de febrero manifestantes en defensa del Instituto Nacional Electoral y del voto lograron nuevamente una masiva concentración esta vez en el corazón de la Ciudad de México, la plancha del Zócalo.
Con un llamado a #MiVotoNoSeToca y a defender la democracia, el ministro en retiro, José Ramón Cossío advirtió que ante la publicación de las reformas contenidas en el llamado Plan B en materia electoral, la política dejará de hablar y ahora lo harán el derecho y las instituciones jurídicas.
Previamente, la periodista y escritora Beatriz Pagés, como primera oradora, manifestó: “estamos aquí para defender la democracia, para insistir una y mil veces más: el INE no se toca, nuestro voto no se roba, estamos listos para impedir un golpe a nuestra constitución y a nuestras libertades”.
Por su parte, el ministro en retiro aseguró que más del medio millón de personas presentes no solo han querido llenar el Zócalo, ocupar respetuosa y temporalmente la Plaza de la Constitución, sino el espacio físico que alude a la estructura jurídica que reconoce la composición pluriétnica del país.
“Con los procesos electorales previstos en la Constitución delégamos parte de nuestro poder soberano a nuestros representantes. De no realizarse correctamente, una persona puede creer que su proyecto de gobierno es el que vale, sin importar lo que piensen los demás”, advirtió Cossío.
Además, alertó de los posibles ataques a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte del Ejecutivo federal y sus colaboradores, frente a la posible invalidación de sus reformas electorales. “Los ministros solo podrían ser considerados corruptos si reconocen las reformas que violan los órganos y los procedimientos electorales”, asentó.
