CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno de la Cámara de Diputados avaló por 306 voto a favor y 154 en contra el dictamen a la minuta del Senado con los cambios hechos al Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular sobre el enjuiciamiento a expresidentes, donde se ajustó la fecha de la entrada en vigor de ésta.
En lo que parece un ajuste para beneficiar al Ejecutivo federal, el documento establece que tanto el Decreto como la Convocatoria de Consulta Popular se recorra y entren en vigor el jueves 15 de julio de 2021, es decir que 15 días antes del primero de agosto del 2021, fecha en que se efectuará la consulta, se prohíbe toda difusión de la misma.
Señala que “la pretensión de la minuta es aplazar la entrada en vigor del Decreto por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular, con el propósito de no generar como efecto indeseado la suspensión de la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, prevista en el párrafo tercero del apartado 4 de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política, con las salvedades prescritas en la misma porción normativa”.
La oposición señaló que esta corrección se hizo para evitar que la autoridad electoral pueda obligar al presidente Andrés Manuel López Obrador a retirar toda la publicidad oficial, o incluso a suspender las conferencias mañaneras.
Lo anterior debido a que el documento señala que, “la pretensión de la minuta es aplazar la entrada en vigor del Decreto por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular, con el propósito de no generar como efecto indeseado la suspensión de la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno”.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población en la Cámara de Diputados, la morenista Rocío Barrera, indicó que lo que se busca es no general confusiones o un “probable efecto indeseado sujeto a interpretación”.
Refirió que la reforma confirma de manera indirecta la continuidad de la propaganda gubernamental para procurar el derecho de acceso a la información pública oficial, en forma suficiente y fidedigna.
“Es evidente que no es la intención suspender desde ahora la difusión de la propaganda púbica, pues esta constituye un medio idóneo para procurar el derecho a la información pública oficial, es importante que su difusión se permita, mientras no ponga en riesgo las consultas populares.
“Por lo que este dictamen busca evitar espacios de interpretación que considere la necesaria suspensión inmediata de la misma, aplazando hasta el 15 de julio del 2021 la entrada en vigor del referido decreto”, argumentó.
Por su parte, los legisladores de oposición acusaron a los morenistas de realizar una maroma legislativa y modificar la fecha de la convocatoria para vincular de manera forzada al Presidente con los comicios de 2021, por lo que expresaron su rechazo al uso de la consulta popular con fines electorales.
“Diría el clásico Muñoz Ledo, qué manera de legislar, estamos ante una nueva maroma legislativa de la mayoría; este gobierno en un afán, absolutamente electorero, ha querido utilizar la consulta popular como un medio para mantenerse en campaña y ayudar a su partido a que levante un poco en las elecciones del próximo año”, aseveró la legisladora de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle.
