CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Ricardo Monreal Ávila consideró fundamental establecer las condiciones jurídicas, para que el campo mexicano desarrolle todo su potencial.
Se trataría de un marco de justicia y legalidad, que se refleje en el bienestar integral de ejidatarios y comuneros, pero también de “posesionarios” reconocidos por los núcleos agrarios.
Monreal Ávila impulsa un proyecto para reformar la Ley Agraria y otorgar certidumbre jurídica a casi 700 mil personas, que han adquirido derechos sobre la tierra ejidal, a través de mecanismos como el reconocimiento de la asamblea ejidal, resolución judicial o administrativa, la compraventa o sucesión.
En ese mismo universo, agregó, también se encuentran los sujetos agrarios a los que la ley les reconoce, de manera restringida, determinados derechos agrarios, lo que les impide participar activamente en la vida interna del núcleo agrario.
El coordinador parlamentario de Morena explicó que los posesionarios pueden ser titulares de derechos parcelarios en el ejido, pero no tienen derechos colectivos en el núcleo agrario, únicamente cuentan con los de uso y usufructo de la parcela, sin voz ni voto en la asamblea.
Actualmente, dijo, la Ley Agraria no aborda de manera específica los derechos que corresponden a los posesionarios sobre las tierras ejidales.
Si bien la Ley les reconoce y protege, no les confiere la calidad de ejidatarios ni les otorga los derechos de que éstos son titulares, por lo que están impedidos para obtener el dominio pleno de la parcela, cuyo uso y disfrute les otorgó la asamblea ejidal.
Esta omisión, asentó el senador, ha dado lugar a que sean los tribunales del Poder Judicial de la Federación los que se pronuncien sobre los derechos que les asisten a estos sujetos del derecho agrario, lo que ha originado diversos criterios encontrados sobre la posibilidad de heredar, enajenar y adoptar el dominio pleno sobre sus parcelas.
A efecto de resarcir esta omisión, el senador propuso reconocer que los posesionarios regulares son sujetos de derechos agrarios individuales y, como tales, deben contar todos con plena seguridad en los derechos conferidos por la asamblea como máximo órgano del ejido.
Así planteó incorporar a la Ley Agraria los derechos que asisten a los posesionarios regulares reconocidos por la asamblea o por una resolución jurisdiccional, con la finalidad de dar certidumbre jurídica a casi 700 mil personas que, de acuerdo con los datos del Registro Agrario Nacional, hoy ostentan esta calidad agraria.
