Estado e México.-La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que obtuvo vinculación a proceso de nueve investigados por su probable intervención en el homicidio de nueve víctimas, hechos ocurridos el 10 de julio pasado en la nave comercial número 7 de la Central de Abasto de Toluca.
Se trata de Pascual “N”, Bryan Alejandro “N” y Jhoan Daniel “N”, quienes desempeñaban cargos en el Consejo de Administración de la Central de Abasto como presidente, tesorero y asesor, respectivamente, así como David Jehuel “N”, responsable del Jurídico y Mateo “N”, encargado de seguridad en la misma Central. También fueron vinculados a proceso Arturo “N”, Edmundo “N”, Héctor “N” y José Miguel “N”, integrantes del servicio de seguridad privada en la Central.
Un juez determinó iniciar proceso legal contra estos nueve sujetos, estableció medida cautelar de prisión preventiva y plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.
De las indagatorias de la Fiscalía se señaló que, en las primeras horas del pasado 10 de julio, cuando individuos portando armas de fuego cortas ingresaron al área donde se encontraban comerciantes minoristas, conocida como “Isla”, donde habrían realizado disparos con las armas que portaban para finalmente prender fuego en el sitio, se determinó que Pascual “N”, Bryan Alejandro “N”, Jhoan Daniel “N”, David Jehuel “N” y Mateo “N”, presuntamente bajo distintas formas de intervención se reunieron en la Central de Abasto para planear, organizar y ordenar la agresión.
Abundó que se cuenta con indicios que establecen que los investigados habrían amenazado en diversas ocasiones a las víctimas para que desocuparan el área donde laboraban, para tal fin iniciaron acciones legales en su contra, sin embargo los comerciantes minoristas contaban con una suspensión provisional a su favor derivado de un juicio de amparo, por lo que la administración recurrió a amenazas abiertas y directas.
Se tiene conocimiento que el día de la agresión Arturo “N”, Edmundo “N”, Héctor “N” y José Miguel “N”, integrantes del servicio de seguridad privada fueron instruidos para no acudir al lugar de los hechos. También se sabe que el servicio de energía eléctrica de las instalaciones fue deliberadamente suspendido previo al evento inhabilitando algunas videocámaras.
Adicional a ello, se permitió el libre acceso de los agresores y se facilitó su escape a través de las salidas que el propio personal de seguridad privada controla de manera permanente. El personal de seguridad privada no permitió el acceso a las autoridades para atender la emergencia, obstaculizando así el debido auxilio a las víctimas no obstante que era obligación de la propia seguridad privada realizar el llamado de emergencia mediante el sistema al que se encuentran conectados, lo que nunca sucedió oportunamente.
Los posibles implicados permanecen en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez, donde llevarán su proceso.
Con información de Quadratin
