CIUDAD DE MÉXICO.- La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la priísta Dulce María Sauri Riancho, afirmó que la consulta ciudadana realizada para el Tren Maya no cumplió con el marco normativo que se aprobó en San Lázaro para realizar este tipo de ejercicios.
Mediante un comunicado, la priista califico dicho ejercicio como desdibujada consulta ciudadana donde, a pesar de las advertencias sobre la poca viabilidad del proyecto, se determinó la continuación del proyecto.
“En este capricho, el Ejecutivo federal no cumplió con el marco regulatorio de la consulta popular que recién aprobó la Cámara de Diputados y lo que hizo fue abusar de la esperanza de los habitantes”, acusó.
Siguió:
“A la gente le preguntaron sobre sus necesidades básicas, agua potable, energía eléctrica, becas para los niños, ampliación de un camino y le prometieron resolver todas sus problemas, así que lo que menos importa es el Tren Maya”.
Sauri Riancho resaltó que el proyecto del Tren Maya no es rentable, además de que, dijo, no existe un estudio de factibilidad económica que lo avale, y tampoco se conoce el plan de financiamiento que indique de dónde se tomarán los recursos para su construcción y operación.
En ese sentido, señaló que tanto este proyecto, como el de la construcción de la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía, se han convertido, dijo, en una aspiradora de recursos públicos por un lado, y por otro está provocando la creación de nuevos impuestos justo en. los estados que, de acuerdo al gobierno, se beneficiarán de esta obra.
“Al Tren Maya, en el presupuesto 2020 le asignaron poco más de dos mil 500 millones de pesos, principalmente para financiar los estudios y proyectos requeridos por las autoridades y por posibles inversionistas privados, pero a futuro el Gobierno federal no contará con los fondos necesarios para construir y operar un ferrocarril de las características del tren”, advirtió.
Reiteró que las obras que no han demostrado su viabilidad económica, solo han generado estrechez presupuestal a gobiernos estatales y municipales, lo que a su vez significa detrimento de programas locales en materia de infraestructura urbana, agua potable y electrificación, así como apoyos al campo y seguridad.
