Integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), destacaron que a pesar de las limitaciones y el bloqueo gubernamental para acceder a documentos de las fuerzas armadas sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, es el primer caso de desaparición forzada que ha llegado lejos de México y América Latina.
En una carta en la que agradecen a las familias de los jóvenes desaparecidos, Carlos Martín Beristain y Ángel María Buitrago Ruiz, reconocieron que el GIEI alcanzó funciones de investigación, búsqueda de los desaparecidos, denuncia y acompañamiento de las víctimas.
Hicieron un recuento de los aportes del mecanismo de supervisión internacional, dada la medida cautelar 409/2014 emitida por la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH), ante el caso.
Señalaron que la documentación entregada es parcial y corrobora la existencia de más información sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas, por lo que insistieron en que debe poner a disposición de la investigación y búsqueda.
Sin embargo, el GIEI se ha encontrado con la respuesta negativa de las instituciones, a pesar de las pruebas existentes.
Contaron que la investigación que llevaron a cabo y que resultó en diversos informes, no estuvo exenta de problemas y mencionaron que el caso de los propios fiscales de la Unidad Especial, quienes se vieron presionados para no judicializar a determinadas personas o no hacer acciones inmediatas contra otras, lo que llevó a un traumatismo dentro de la propia unidad.
No obstante, puntualizaron que la investigación ha llevado a la detención al exprocurador general de la República, a dos generales, a 20 integrantes del Ejército y más de 100 detenidos integrantes del crimen organizado y fuerzas de seguridad o funcionarios del gobierno del estado.
Mencionaron que una parte importante del conjunto de las acusaciones no son por la desaparición forzada y el ataque a los normalistas, sino por delincuencia organizada.
Ahondaron que la investigación fiscal, debe llevar no sólo a detenciones, sino a nueva información para esclarecer el caso y las búsquedas.
Advirtieron que el caso no se cierra porque no siga el GIEl en la actualidad, ya que el estado y sus instituciones tienen la obligación de investigar, hacer justicia y buscar a los desaparecidos.
Resaltaron que “un caso de desaparición forzada como este y el conjunto de otros muchos casos en México, suponen una situación grave que cuestiona al Estado y la sociedad”.
Añaden que quienes han trabajado en el caso y con las familias reconocen su enorme coraje y cómo han hecho que el amor por sus hijos, los haya llevado hasta aquí, y ahora también sean parte de una conciencia en México y en el mundo, por los derechos humanos y la búsqueda de los desaparecidos.
“Para los familiares y víctimas del caso, el GIEI ha sido una fuente fundamental de información fiable, de apoyo a la reivindicación de la verdad y, sobre todo, de esperanza. Es esa esperanza de las familias, y de la propia sociedad, la que necesita respuestas”, indicaron.
Con información de Quadratin
