CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio Salazar Salazar y Carla Rochin Nieto, ex funcionarios en cargos directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fueron vinculados a proceso y permanecerán en prisión preventiva por el caso de la Guardería ABC.
El 5 de junio de 2009, se suscitó un incendio lamentable en la estancia infantil denominada Guardería ABC, S.C., en el municipio de Hermosillo, Sonora, la cual otorgaba sus servicios de manera subrogada, por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En el siniestro, lamentablemente perdieron la vida 49 menores de edad y 43 menores y adultos más resultaron heridos.
De acuerdo a un comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR), la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ejercitó acción penal en contra de 22 personas, entre ellas, servidores públicos del IMSS, del Gobierno de Sonora, del Gobierno municipal de Hermosillo e integrantes de la Sociedad Civil denominada Guardería ABC.
El Juez Primero de Distrito en el estado de Sonora, dictó sentencia condenatoria el 13 de mayo de 2016 en contra de 19 de los involucrados, entre servidores públicos de los tres niveles de gobierno, quienes no tenían cargos relevantes o de alto nivel dentro de las dependencias a las que pertenecían, así como de la representante legal y un miembro del consejo de administración de la guardería de referencia.
El fallo judicial fue recurrido por las vías legales correspondientes y actualmente está por resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sin embargo, el reclamo social de una justicia efectiva que incluyera a funcionarios de alto nivel seguía vigente e incumplido.
El 25 de febrero de 2020, el IMSS presentó denuncia de hechos ante esta autoridad, involucrando a funcionarios de alto nivel de ese organismo; por lo que, una vez iniciada la carpeta de investigación correspondiente y realizados los actos de investigación y diligencias que el Ministerio Público Federal (MPF), consideró necesarios, determinó ejercitar acción penal en contra de Sergio Salazar Salazar y la ex diputada guanajuatense del PAN, Carla Rochín Nieto, director de Prestaciones Económicas y Sociales, y la coordinadora Nacional de Guarderías, respectivamente, cargos directivos al interior del IMSS, que ostentaron dichos servidores públicos.
El escrito indica que se considera que fueron omisos en cumplir con los deberes que les imponían las normas y lineamientos que regulaban el servicio de guarderías, y que de haberlos atendido probablemente se hubiera evitado el incendio de la Guardería ABC, o minimizado el riesgo de que éste ocurriera, con lo que también pudo haberse evitado la muerte de los menores de edad y las lesiones de los menores y adultos afectados.
Por lo anterior, el 5 de noviembre de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR), solicitó al Juez de Control, librara orden de aprehensión en contra de los funcionarios referidos, la cual fue emitida por la autoridad judicial y cumplida por elementos de la Policía Federal Ministerial de la FGR, el día 9 del mismo mes y año y una vez puestos a disposición del Juez Federal de Control en Hermosillo, Sonora, se solicitó audiencia inicial por parte del MPF, llevándose a cabo los días 13 y 18 de noviembre de 2020, en la que, una vez expuestos los datos y argumentos, tanto de la Fiscalía, como de la defensa de los imputados, el juzgador resolvió vincular a proceso a los imputados, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de lesiones y homicidio culposos, en su modalidad de comisión por omisión, reiterándoles la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Con información de Quadratín CDMX
