CIUDAD DE MÉXICO.- Nada detendrá las obras ordenadas por Andrés Manuel López Obrador.
Por ello su partido, con mayoría en el Congreso de la Unión, prepara iniciativas a fin de anular decisiones judiciales cuando los afectados las impugnen.
Morena en el Senado de la República alista reformas a la Constitución y a la Ley Federal de Amparo para evitar que por medio de este recurso de protección de derechos frenen obras públicas del Gobierno Federal.
El coordinador del Grupo Parlamentario, Ricardo Monreal Ávila, expuso que importantes proyectos impulsados por el Gobierno han sido frenados, ocasionando un perjuicio al progreso social y económico.
El líder morenista presentará al Pleno de la Comisión Permanente, una primera iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 25 constitucional para plantear que el desarrollo de obra pública e infraestructura en materias de educación, salud, medio ambiente, seguridad pública, seguridad nacional, penitenciaria, comunicaciones, transportes, hidráulica, energética, turística y cualquier otra rama o servicio público que impacten directamente en el bienestar de las personas, así como en el goce y ejercicio de sus derechos humanos, sea considerado de interés social, protegido por la Constitución y las leyes.
En la segunda iniciativa, Monreal Ávila propone adicionar una fracción XIV al artículo 129 de la Ley de Amparo para establecer como una causal de improcedencia de la suspensión, que se provocan perjuicios al interés social, cuando se impida o interrumpa la ejecución de obra pública e infraestructura en materias de educación, salud, medio ambiente, seguridad pública, seguridad nacional, penitenciaria, comunicaciones, transportes, hidráulica, energética, turística y cualquier otra rama o servicio público que impacte directamente en el bienestar de las personas.
La inversión en infraestructura es uno de los cimientos de la prosperidad al reflejarse en beneficios importantes relacionados con los servicios básicos y con la construcción de edificios públicos como hospitales, escuelas, oficinas gubernamentales, centros de readaptación social y parques, considera el morenista.
Además, la obra pública potencia la actividad productiva al generar un gran número de empleos y promover la inversión privada, afirma el legislador.
Agrega que la propuesta es acorde con los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación que colocan el interés colectivo por encima del interés particular, precisamente, en obras que por su naturaleza no deben suspenderse ya que eso ocasionaría un grave perjuicio a la sociedad y afectaría al desarrollo económico nacional.
