CIUDAD DE MÉXICO.- Organizaciones civiles y especialistas señalaron ante diputados que, es fundamental fortalecer los recursos que se destinan a la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, pues advirtieron que eliminar el fideicomiso que existe para este propósito, dejaría desprotegidos más de mil defensores y periodistas.
Lo anterior al participar de manera virtual en el parlamento abierto: Fondo para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, organizado por diputados federales integrantes de las comisiones de Gobernación y Población, de Derechos Humanos, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
Durante su participación, Jan-Albert Hootsen, representante del Comité para la Protección a Periodistas en México, recordó que el país es el más peligroso para quienes ejercen esta profesión, por lo que advirtió que desaparecer el fideicomiso no es factible, pues revictimizaría a los más de mil 200 beneficiarios que tiene actualmente.
“Si bien hay cuestionamientos sobre la transparencia y la rendición de cuentas, el problema principal no es el fideicomiso, sino la aplicación de medidas y la falta de recursos. Si desaparece eso no va a solucionar los problemas; los profundizaría”, advirtió.
Cecilia Real, directora general de ProVoces, expresó que la crisis en derechos humanos desde hace más de una década se complica y acumula cada año; en ese sentido, indicó que entre enero y mayo de 2020 hubo 18 asesinatos, 11 que corresponden a personas defensoras de derechos humanos de los cuales 10 de ellos protectoras del medio ambiente, y siete periodistas.
Refirió que, por medio de notas periodísticas, se tienen registradas 78 agresiones contra ambos grupos; 60 de ellas hacia comunicadores, por lo que, sostuvo que el reto está en fortalecer las instituciones y los recursos que el Estado le destina a este problema.
Recordó que el fideicomiso da rendimientos, que entre 2012 y 2019 fueron por 61.5 millones de pesos, lo que representa una ganancia de 8.8 millones de pesos anuales, “eliminar el fideicomiso significaría restar certeza a la protección de más de mil personas defensoras y periodistas que se benefician”.
La directora general de Comunicación e Información de la Mujer e integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas en México, Lucía Lagunes, señaló que en un monitoreo entre abril y mayo de 2020 se registraron 39 agresiones contra personas defensoras y periodistas; de ellas, 33 son contra representantes de los medios de comunicación.
“Eso quiere decir que en un mes no hubo un sólo día en que no se agrediera a un periodista o una persona defensora por su labor”, aunque reconoció que el mecanismo no es perfecto, aseveró que desde su creación se impulsó la presencia de periodistas y de defensores para que hubiera certeza de vigilar el buen uso de los recursos públicos.
Añadió que en lo que va del actual gobierno, sólo hablando de mujeres periodistas, se han agredido a 290, “el análisis no sólo tiene que ver con los recursos sino con la deuda que el Estado mexicano tiene con la democracia”, apuntó.
Jesús Peña, representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, coincidió en lo peligroso del país para el periodismo y la defensa de derechos humanos, enfatizó que este mecanismo salva vidas gracias a la flexibilidad operativa que ofrece el fideicomiso, lo cual, dijo, permite actuar con urgencia en la protección de cientos de personas.
Señaló que el 55 por ciento de los casos que se han podido identificar a los agresores, resultan ser funcionarios públicos, por lo que resaltó la necesidad de que exista mayor capacidad técnica, así como un marco legal más favorable para sancionar a esos servidores e impedir que se repitan los ataques.
La directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum, planteó analizar la iniciativa sobre este fideicomiso, no sólo a la luz de la disponibilidad presupuestal, sino del contexto de amenazas y de crisis de derechos humanos por el que transita el Estado mexicano.
“Cómo se gestiona la reactivación del fideicomiso, pues actualmente es necesario esperar que haya disponibilidad de recursos para contratar protección, y de qué manera se aplica bajo la Ley de Austeridad Republicana, porque a fin de otorgar presupuesto los entes públicos deben evitar reducir la atención a emergencias y desastres naturales o los provenientes de actividad humana”, apuntó.
Los legisladores reconocieron que los recursos deben mantenerse, incluso aumentar, y pugnaron por mejorar la transparencia.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Erasmo González, reconoció el papel de periodistas y defensores de derechos humanos en la vida democrática de México, por lo que, dijo, es obligación del Estado garantizar su protección para ejercer con libertad su profesión y sigan contribuyendo al desarrollo de la sociedad.
Y reiteró que no va a desaparecer el Fondo, y que se continuará con el análisis para identificar la manera de hacer más eficiente el uso de los recursos, ya sea manteniendo el fideicomiso fortalecido o a través de otro instrumento jurídico.
