CIUDAD DE MÉXICO.- La prohibición del uso del castigo corporal, en todos los ámbitos, como método correctivo o disciplinario en niñas, niños o adolescentes está por ser una realidad en México.
Por unanimidad del Pleno del Senado de la República se aprobó en sesión ordinaria de este martes el proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 44 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que fue remitido a la Cámara de Diputados.
La iniciativa señala que el Estado está obligado a erradicar la discriminación que enfrenta la niñez, cualquiera que sea el motivo o índole, y en función de los principios rectores que requiere la implementación de todas las prioridades indispensables para garantizarles el libre desarrollo de su personalidad.
En el texto se invoca el goce de los derechos de provisión, promoción, protección, prevención y participación en los que se sustenta de manera vanguardista la Convención sobre los Derechos de la Niñez.
En México, únicamente la Ciudad de México, Zacatecas y Chiapas prohíben específicamente el castigo corporal en sus leyes, mientras que Guanajuato y Chiapas lo prohíben en sus códigos penales.
La propuesta señala que los códigos penales de 14 entidades contemplan excusas para lesionar a los descendientes: ya sea porque el agresor estaba invadido de una “emoción violenta”, porque no lo hizo con dolo, o porque ejerció su “derecho a corregirlo”.
El resto solo dicta que los padres y tutores deben evitar las conductas violentas, igual que la ley general obliga a que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes se abstengan de ejercer cualquier tipo de violencia en su contra, en particular el castigo corporal.
Unicef hace un llamado a los gobiernos para asegurar la prohibición total del castigo físico en todos los ámbitos, apoyar la implementación de programas y políticas multi-sectoriales para promover una crianza positiva. Promover normas, valores y mecanismos comunitarios que apoyan una crianza sin violencia y generar datos y evidencia para informar las políticas y medir el progreso hacia la eliminación de la disciplina violenta.
