“Tómelo con Calma “
Por Fernando A. Mora Guillén
A lo largo de más de dos décadas hemos dado cuenta de la compleja situación que enfrenta el gremio periodístico en México.
El problema ha venido heredándose de administración en administración, ante el poco interés de las autoridades federales y el Congreso de la Unión y un nulo esfuerzo de las autoridades estatales y municipales.
Organizaciones internacionales emiten Informes y Reportes que tienden a analizar e incluir solo lo que a sus intereses conviene, para polarizar y crear un clima adverso, que lejos de beneficiar perjudica a Periodistas y comunicadores.
Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el Titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía General de la República; Mtro. Ricardo Sánchez Pérez Del Pozo, quien nos compartió los resultados alcanzados al primer semestre de 2023, comparados con la información histórica para atender y resolver los delitos contra la Libertad de Expresión que afectan a periodistas y comunicadores.
De 2018 a la fecha se ha logrado transitar de una dependencia burocrática, abandonada en trámites apegados al antiguo sistema penal, a una dependencia moderna que opera en base al Sistema de Justicia Penal Acusatoria y Oral, lo que se traduce en sanciones a culpables y alcanzar reparación de daños en varios de estos casos sin la necesidad de llegar a una sentencia.
En este contexto, cabe destacar que de 2010 a junio de 2023, se ha ejercido acción penal en 351 ocasiones, por delitos cometidos contra la libertad de expresión en nuestro país. De estas acciones, el 63.5% se han presentado entre 2018 y 2023; mientras que el 36.5% se realizaron en los primeros 8 años de actuación de la fiscalía.
En 2022 se ejerció acción penal en 45 casos, cifra 7% mayor a la del periodo 2020-2021.
Entre 2010 y 2017, el promedio de investigaciones en las que se ejerció acción penal fue de 16, mientras que entre 2018 y 2022, se elevó a 40 investigaciones en promedio.
Es importante resaltar, que los delitos contra la Libertad de Expresión por los que se ejerció acción penal, fueron Abuso de Autoridad (120), Amenazas (107), Lesiones (49).
Otro aspecto importante es destacar que el 56.2% de los imputados, corresponde a personas que tenían la calidad de Servidores Públicos al momento en el que se registraron los hechos delictivos, mientras que el 43.8% eran particulares. El 45% de los Servidores Públicos se desempeñaba en el ámbito municipal, y el 55% restante en el estatal.
Estos datos dejan en claro que por más de tres décadas periodistas y comunicadores al señalar la situación que se vive en México, hemos señalado que las agresiones y ataques son orquestadas desde instancias del mismo estado mexicano.
Una vez que se analiza el Informe Estadístico 2023 de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, queda claro que no todo es negativo, quejas e indiferencia.
En conclusión, es importante tener claridad en que la problemática que ha existido y ha sido soslayada y heredada por más de cinco administraciones, y que no todo el peso cae en el actual gobierno. Es importante que la Libertad de Expresión, el Derecho a la Información y el Ejercicio Periodístico, sean parte de la agenda y de las plataformas con miras al proceso electoral 2024.
Tómelo con interés.- A últimas fechas los periodistas y comunicadores apegados al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, -quienes han solicitado permanecer en el anonimato ante el temor de ser víctimas de represalias-, han señalado que más que recibir protección o cuidado por parte de los agentes asignados a su custodia, pueden documentar que estos elementos reportan bitácoras de actividades y condiciones, en que los periodistas y comunicadores realizan sus investigaciones y reportajes; así como sus contactos y fuentes informativas, lo que sin duda interfiere en el libre ejercicio periodístico.
Hace algunos meses el mismo Enrique Irazoque Palazuelos, titular del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, destacó la necesidad de un marco legal de operación del mecanismo, por lo que urgió al Congreso de la Unión a dar celeridad a una Ley General de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Queda claro que ante la falta de un marco legal, no hay condiciones para la operación del mecanismo, lo que evidencia que la información generada por los agentes y el personal administrativo de la dependencia, está siendo usada para otros fines. Aunado a ello, cabe destacar que en muchos casos son elementos estatales y municipales, los que están a cargo de la custodia y protección, por lo que al ser las instancias que más han sido señaladas por la Fiscalía de Libertad de Expresión, de la Fiscalía General de la República como las autoridades más involucradas en las amenazas y ataques a periodistas y comunicadores, queda al descubierto la vulnerabilidad en que están periodistas y comunicadores en nuestro país.
X: @Fernando_MoraG
*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.
*Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez para la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información.
Twitter: @Fernando MoraG
Facebook: Fernando Antonio Mora
*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.
*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.
*Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.
