CIUDAD DE MÉXICO.- La organización Causa en Común advirtió que el decreto publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación en el que se ordena a la Fuerzas Armadas a participar en tareas de seguridad pública como complemento a la Guardia Nacional, refrenda la definición militarista de la seguridad pública del Gobierno federal.
El organismo ciudadano hizo un llamado a organizaciones sociales, periodistas, intelectuales, artistas, profesionistas y ciudadanía en general, así como a las distintas fuerzas políticas, para que se manifiesten claramente en contra del avance de la militarización, por su clarísima regresión histórica para el país.
En marzo del año pasado se reformó la Constitución para crear la Guardia Nacional y otorgar facultades policiales a la Fuerza Armada.
La organización conformada por investigadores, asociaciones civiles y ciudadanos señaló que lo que se publica este día supuestamente habría de atender la necesidad de precisar en qué consiste que las tareas de seguridad pública de las Fuerzas Armadas. Como establece la reforma, la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, subrayó que este precepto de la Ley establece que debe ser de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Sin embargo, “esta medida, lejos de dar un marco menos ambiguo a la actuación de las Fuerzas, y establecer una línea divisoria entre las fuerzas civiles y militares, sirve de un propósito opuesto”.
“El Gobierno federal refrenda, con toda claridad, que promueve un marco de actuación militar deliberadamente ambiguo, discrecional, sin controles y sin plazos”, alertó la presidenta de Causa en Común.
Agregó que al mismo tiempo se anuncian nuevos contratos por asignación directa para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) construya sucursales del Banco del Bienestar.
De esta manera, no sólo se desnaturaliza a la institución castrense en su papel de Policía Federal, sino que se extiende el abuso al involucrarla directamente en la construcción de una red diseñada para ampliar la dispersión de recursos clientelares con propósitos electorales.
Para Causa en Común, estas definiciones y acciones “subrayan una vocación militarista, contraria a la construcción de una vía civil en materia de seguridad pública, respetuosa de los derechos humanos, y compatible con un régimen republicano y democrático”.
“Alcemos la voz para evitar que este gobierno continúe destruyendo nuestras instituciones, nuestra democracia y nuestras libertades”, conminó Morera.
