La Corte se alinea con la vanidad presidencial y el cuentachilismo de Morena: consulta con mil 503 millones

CIUDAD DE MÉXICO,.- Con un burlón “Lastima Lorenzo”, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier festejó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de conceder la suspensión solicitada por la Cámara baja contra el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), que buscaba posponer algunas de las etapas del proceso de Revocación de Mandato por insuficiencia presupuestal.

Por lo que la Corte mandató al órgano electoral a continuar con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades de dicho proceso con el presupuesto aprobado por Diputados de mil 503 millones de pesos.

“Se hizo el camino legal y la @SCJN ordena al @INEMexico cumplir con los tiempos establecidos en la Ley Federal de Revocación de Mandato para organizar la consulta popular. Confirmamos que somos un movimiento pacífico y que actúa conforme a la ley. ¡Lástima Lorenzo!”, se lee en la red social del morenista @NachoMierV

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna se congratuló del hecho y señaló, mediante un comunicado, que la Corte otorgó la razón jurídica a la Cámara de Diputados al impugnar el acuerdo del INE.

Expresó su satisfacción por el mandato al INE para realice todas las fases del proceso y con ello cumpla lo que ordena el artículo cuarto transitorio de la ley en la materia, “el Instituto deberá de garantizar la realización de este ejercicio de revocación de mandato, por lo que hará los ajustes presupuestales que fueran necesarios”.​

Asimismo, el legislador señaló que con las acciones jurídicas emprendidas ante el máximo tribunal de la nación, él cumplió dentro de sus facultades con la defensa de los intereses de la Cámara de Diputados, y manifestó su satisfacción “al quedar demostrado que en este país la ciudadanía e instituciones están obligados a cumplir con la ley”, dijo.

Cabe señalar que el INE nunca suspendió la etapa de recibir las firmas recabadas por parte de los promoventes para pedir la revocación de mandato, y dejó en claro también, que nunca se habló de la cancelación del proceso pues la revocación se realizaría por qué es un mandato constitucional.

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