CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, presentó a la Cámara de Diputados los Informes Individuales de la Segunda Entrega de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, correspondientes a la actual administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, en esta segunda entrega quedaron fuera los informes de fiscalización de las obras más relevantes del Gobierno federal, como el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, así como de algunos programas sociales y de salud.
En reunión virtual entre el auditor y diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Colmenares argumentó que, debido a las circunstancias generadas por la pandemia, la ASF hizo modificaciones y ampliaciones a las auditorías a estos temas de relevancia, los cuales quedaron pendientes para concluirse en el tercer informe que será entregado el próximo mes de febrero 2021.
“En febrero tendremos ya el informe con la parte más fuerte de las auditorías, donde vienen todas las auditorías a las grandes obras de infraestructura, a los programas sociales, a los congresos locales, a la propia Judicatura y a la propia Cámara de Diputados”, apuntó.
En tanto, en los informes entregados este día destacó que, como resultado de las auditorías se observó un monto de 25 mil 748 millones de pesos a las entidades fiscalizadas, de los cuales se recuperaron 738 millones, y señaló que los 25 mil 10 millones restantes fueron montos que son susceptibles de aclararse por las entidades fiscalizadas.
Asimismo, destacó que por segundo año consecutivo se verificará en los gobiernos de las 32 entidades federativas el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera.
Así como que por primera vez también se fiscalizará el cumplimiento de dicha Ley en los 32 congresos locales, 13 entidades de fiscalización superiores locales, 11 poderes judiciales de entidades federativas y un órgano público centralizado.
El auditor superior resaltó que en materia de deuda pública del Gobierno federal, se constató que en 2019 la Secretaría de Hacienda cumplió con la normativa y procedimientos establecidos, así como con los Criterios Generales de Política Económica.
Al respecto, indicó que la deuda pública del Gobierno se incrementó nominalmente de 2018 a 2019, un 6.2 por ciento, alcanzando 8.8 billones de pesos, lo que representó el 36.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
“Del total, la deuda interna representó el 78.7 por ciento, mientras que la deuda externa, el 21.3. El pago de intereses, condiciones y gastos asociados ascendió, en 2019, a 0.5 billones de pesos, el 8.6 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado en el mismo periodo”, detalló.
Colmenares también dio a conocer observaciones que se hicieron en los resultados a tres auditorías del Fondo del Gastos Catastróficos y al Programa de Vigilancia Epidemiológica del Fonden.
En el primer caso, se observó que en el Insabi se tiene pendiente de transferir a las unidades médicas y prestadoras de servicios médicos 324 millones de pesos, correspondientes a 12 mil 726 intervenciones que tienen que ver con la atención a pacientes con cáncer de mama.
Al respecto, se señaló que no formalizaron las modificaciones al convenio con la Fundación de Cáncer de Mama, FUCAM, anomalía por la cual se inició la promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias. Por lo que, entre las recomendaciones al Insabi está la de implementar mecanismos de control y supervisión, para asegurar el debido registro de transferencia de recursos por servicios prestados por unidades médicas; así como verificar la vigencia de los comprobantes fiscales digitales emitidos por los prestadores de servicios médicos.
Por otra parte, el auditor superior señaló que se tiene en ejecución auditorías tanto a la extinta Policía Federal como a la Guardia Nacional, respecto de las transferencias de elementos e insumos que ésta recibió de la Sedena y la Semar, así como de las erogaciones que dichos órganos de seguridad efectuaron durante 2019, ambas con un universo y muestra a fiscalizar de 18 mil 679 y 14 mil 966 millones de pesos, respectivamente.
Añadió que en 2019, el gasto federalizado significó el 33.1 por ciento del gasto neto total de la Federación, el cual fue de 5.8 billones de pesos, lo que quiere decir que un poco más de la tercera parte del PEF fue operado por las entidades federativas y los municipios.
Ese año, el 96.6 por ciento del gasto federalizado programable 1.05 billones de pesos, realizado a través de 85 fondos y programas, fue clasificado como social, por lo que su participación en el gasto de este tipo realizado por la Federación fue del 29.5 por ciento, es decir, por cada peso que gastó el Gobierno federal en materia social, casi 30 centavos corresponde al gasto federalizado.
Por ello, afirmó, la fiscalización de estos recursos se ha convertido en un reto, debido al elevado número de ejecutores, así como su dispersión en el territorio nacional.
Finalmente, David Colmenares refirió, sin especificar el monto investigado, que de marzo del 2018 a la fecha la ASF presentó 117 denuncias penales por irregularidades en el gasto cometidas del 2014 al 2018, durante la anterior administración, y adelantó que en el transcurso de los siguientes días, el órgano fiscalizador presentará más denuncias por posible daño patrimonial a la hacienda pública.
Quadratín México
