México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado el pasado 14 de noviembre en la Cámara de Diputados y publicado el 29 del mismo mes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), debido a que dicho órgano electoral sufrió un recorte por cuatro mil 913 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado.
Mediante un comunicado, el INE argumentó que este recorte acordado por el Legislativo no está justificado y acusaron que impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral, específicamente la realización de un eventual proceso de Revocación de Mandato.
Explicaron que, para realizar dicho ejercicio, en caso de ser solicitado por la ciudadanía, se requiere de tres mil 830 millones de pesos, mismos que fueron solicitados presupuestalmente a la Cámara de Diputados, por lo que, con este recorte no tendrán fondos para hacerlo.
“El Instituto, en la elaboración de su presupuesto para 2022, incluyó un monto como presupuesto precautorio, tanto para la realización de una eventual Revocación de Mandato como de una nueva Consulta Popular, atendiendo a lo que la SCJN resolvió en el sentido de que la autoridad electoral tenía la ‘obligación de prever’ los recursos suficientes para este tipo de ejercicios de participación ciudadana contemplados en el artículo 35 de la Constitución”, señala el comunicado.
Tras el recorte, el INE detalló que consideró prudente someter el tema a consideración de la SCJN para que ordene a la Cámara de Diputados proveer al Instituto de los recursos necesarios para organizar, eventualmente, la Revocación de Mandato, cumpliendo todos los principios y reglas a que está obligado, pues de lo contrario, reiteró, no podrá hacerlo.
Además, señala el documento, con esta negativa se violan sus garantías institucionales otorgadas por la Constitución y, con ello, el ejercicio de los derechos humanos político-electorales de la ciudadanía.
“El INE reitera que tiene toda la disposición y cuenta con toda la experiencia necesaria para llevar a cabo, como es debido, este ejercicio de participación ciudadana. Asimismo, manifiesta su confianza en las instituciones de justicia de este país y subraya que, para el cabal cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, el INE debe contar con suficiencia presupuestaria que garantice los principios constitucionales de legalidad y certeza”, puntualiza el comunicado.
Con información de Quadratin
