Se creían agotados los márgenes de austeridad.
Pero no.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha encontrado todavía posibilidades de ahorrar más recursos públicos con cargo a la burocracia.
Es una revisión de lupa.
Se analiza dependencia por dependencia.
La revisión abarca prácticamente a todos los organismos públicos: secretarías de Estado, órganos desconcentrados, empresas con cierta autonomía, fideicomisos…
Ah, los fideicomisos.
Por disposición presidencial la mayoría de estos serán absorbidos por Hacienda, pero desde ahora se les hacen ajustes.
La búsqueda ha encontrado malas prácticas del pasado -¡ah, esos neoliberales!- pero también del presente para mantener plazas no fundamentales.
La tarea fue encomendada al secretario Arturo Herrera, cuyo equipo hace el trabajo prácticamente caso por caso.
Al frente de esta operación está la oficial mayor, Thalía Lagunas Aragón, quien tiene línea directa del ala norte al ala sur de Palacio Nacional.
HASTA 30% DE LA NÓMINA
No se ha informado cuál es la meta.
En términos generales se estima que muchos directores generales conservaron posiciones prescindibles a pesar de los pasados ordenamientos.
Lo hicieron porque encontraron contratos vigentes o para dar espacio a su gente porque desconfiaban de quienes estaban hasta el sexenio de Enrique Peña.
Donde se han encontrado más espacios es organismos dedicados a la atención de sectores específicos, sobre todo para subvencionar al campo mexicano.
Entidades dedicadas a asegurar cultivos y cosechas, a asesorar campesinos, a orientar sobre siembras y cultivos…
Programas, fideicomisos, financieras con cualquier nombre…
En algunos casos el despido de los sobrevivientes de ajustes anteriores han superado el 30 por ciento de la nómina.
Ponemos el ejemplo a la atención rural porque es donde se encontraron mayores abusos, pero no es el único sector.
El procedimiento es muy simple: el director recibe un oficio, se le pide la cancelación de determinado número de plazas y ya.
En eso están desde mayo con la reducción de partidas.
NAVA Y GALLARDO POR SLP
En San Luis Potosí se da un fenómeno de muchas bandas.
El resultado puede rebotar en la elección del 2021.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) decidió desconocer al presidente estatal, Ignacio Segura, a quien acusa de corrupción y traición.
En realidad lo consideran operador del diputado federal Ricardo Gallardo, quien de coordinador federal renunció al PRD y luego emigró al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para ser candidato a gobernador en alianza con Morena.
Con Segura se va prácticamente toda la plana perredista y no se terminará indemne.
Esa es la primera parte de la historia.
La segunda es el surgimiento de otro proyecto.
Desde hace tiempo varios partidos, incluido Morena, se han acercado al alcalde de San Luis Potosí, Xavier Nava, para ofrecerle la candidatura para gobernador.
Nava, heredero de luchador Salvador Nava, se había mantenido lejano a cualquier tendencia.
Pero ahora los promotores de la alianza PAN-PRD-MC han expresado su interés en hacerlo su abanderado.
Atrás están muchos priístas con quienes el presidente municipal tiene cercanía y elogian su trabajo en la capital del estado.
Ambas acciones marcan un cambio del panorama preelectoral y, cuentan analistas locales, de inmediato pone al Nava en liza para el año próximo.
