Este domingo, se dio a conocer que la FGR reveló que iniciará un procedimiento legal contra la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, por ordenar que ocho militares puedan llevar en libertad su proceso por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
También procederá en contra de los magistrados Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, quienes, acusan, concedieron ventajas indebidas y desconocieron resoluciones de jueces para los miembros de las Fuerzas Armadas acusados de desaparición forzada.
La institución ministerial los acusa de aplicar procedimientos de amparo y de ampliación de amparo para generar injusticia, afectar a las familias de los 43 desaparecidos, su seguridad e, incluso, a la nación.
De acuerdo a lo citado por la FGR, a los señalados los acusan de resoluciones de fondo ilícitas, de ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebida, y también en retardar o entorpecer la administración de justicia.
“Ante dicha cerrazón, absolutamente injusta para las víctimas y para el Estado Mexicano dada la gravedad de los delitos que se cometieron en el caso Ayotzinapa, esta representación social federal presentará de inmediato los recursos correspondientes para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas e iniciará las acciones que señala el artículo 225, fracciones VI, VII y VIII del Código Penal Federal, que castigan como delito los hechos cometidos en contra de la administración de justicia, entorpeciendo la misma y concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen”, se explicó.
Grupo Reforma publicó este 21 de enero que la jueza ordenó el pasado viernes dejar en libertad provisional a ocho militares que estaban presos desde junio por la desaparición de los 43 normalistas y les fijó el pago de una garantía de 50 mil pesos para que accedan al beneficio.
La jueza Duarte Cedillo les fijó tres medidas cautelares para salir del Campo Marte 1 en libertad provisional, lo cual lograrán una vez que cubran la garantía, entre las cuales están la firma de su libertad los días 1 y 16 de cada mes, la entrega de su pasaporte y la prohibición de salir del país.
La imputación por la que fueron llevados ante la justicia tiene su origen en los dichos del testigo protegido “Juan”, quien afirmó que los soldados estaban en la nómina del grupo criminal Guerreros Unidos.
Ante su incompetencia para hacer justicia, (FGR) va contra una jueza por liberar a ocho militares del caso Ayotzinapa.
Con información de El Universal
