México.- En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, las mujeres sobrevivientes de tortura sexual en Atenco en 2006, en respuesta a la invitación de las autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob), acompañaron la presentación del primer Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres en México, en donde el Estado reconoce que la tortura sexual contra mujeres es una práctica que actualmente persiste en nuestro país y que es cometida por parte de diversos agentes de seguridad pública tanto a nivel estatal como federal.
El Diagnóstico es resultado de 16 años de lucha de las mujeres sobrevivientes del caso Atenco para garantizar el reconocimiento de la práctica en México y la no repetición de actos de tortura sexual.
El Diagnóstico, que retoma mil 280 entrevistas a mujeres privadas de libertad en diferentes centros de reclusión alrededor del país, revela que el 79.3 por ciento de las mujeres entrevistadas señalaron haber vivido tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, durante su arresto, traslado al Ministerio Público, estancia en el Ministerio Público, arraigo, traslado y estancia en el centro penitenciario, incluyendo servicios de salud; el 32.19 por ciento refirió explícitamente haber sufrido tortura sexual, mientras que un 11.64 por ciento se presume —por sus narraciones— que vivieron actos de tortura sexual sin haberla reconocido como tal, es decir: el 43.82 por ciento de las mujeres que fueron sometidas a actos de tortura, fueron con connotaciones de naturaleza sexual.
El subsecretario @A_Encinas_R encabezó la Presentación del Diagnóstico nacional sobre tortura sexual contra mujeres privadas de la libertad. 1/2 pic.twitter.com/xLIA3USmj6
— Gobernación (@SEGOB_mx) June 27, 2022
Además, el Diagnostico revela que existe una fuerte tendencia a no recibir atención médica cuando se refiere tortura sexual y cuando sí se recibe, muchas mujeres refirieron revictimización, obstáculos y deficiencias en la atención.
“Como lo hemos afirmado todos estos años, y ahora el Diagnóstico lo confirma, la tortura sexual en México contra mujeres persiste, no es un hecho del pasado, ocurre hasta el día de hoy con la alta comisión por parte de instituciones de seguridad de diferentes niveles de gobierno”, señaló Italia Méndez, sobreviviente del caso Mujeres de Atenco y denunciante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), durante la presentación del Diagnóstico y remarcó que se deben impulsar acciones para atenderla.
Agregó que este diagnóstico no hubiera sido posible sin la perseverancia de las mujeres denunciantes y de las casi 30 mujeres que forman parte de la campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”. Por eso, las recomendaciones que se establecen en el Diagnóstico, deben ser la ruta para que las autoridades impulsen verdaderos cambios.
Por su parte, Norma Jiménez, sobreviviente de tortura sexual en Atenco, concluyó que “los responsables de la tortura sexual no sólo son quienes la ejecutan, también es quien la calla, también es quien no hace nada para que las víctimas tengan justicia, también es quien la siga perpetuando y alentando.”
Junto al Centro Prodh, emprendieron un largo camino de litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que en 2018 concluyó con la emisión de una sentencia de la Corte IDH, en la que dio la razón a las mujeres y condenó al Estado por las violaciones a derechos humanos cometidas en su contra, ordenando una serie de medidas de reparación, incluyendo la investigación de los hechos y otras más de no repetición, que buscan generar cambios estructurales para que los hechos no se repitan. Entre estas se encuentra el fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual (en adelante el Mecanismo), que entre sus facultades se encuentra la elaboración de un Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual anual, presentado hoy en Gobernación.
El Diagnóstico contempla también una serie de recomendaciones dirigidas a diversas instancias, incluyendo las Fiscalías Generales de Justicia (estatales y FGR), el Poder Judicial, Instituciones de Seguridad, Organismos protectores de Derechos Humanos, Comisiones de Atención a Víctimas y Sistema Penitenciario.
Entre ellas, destaca la necesidad de atender proactivamente las denuncias por tortura realizadas por mujeres y asegurar la debida investigación de los perpetradores, documentar diligentemente y bajo los estándares en la materia la tortura, promover la admisión de peritajes independientes, garantizar la exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura en los procesos penales a los que están sujetas las mujeres, asegurar la debida atención en materia de salud, así como dotar de recursos a las instancias encargadas en materia de tortura, incluyendo al Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual, entre otras.
Con información de Quadratin
