CIUDAD DE MÉXICO.- Una nueva polémica hay alrededor del futbol mexicano y no tiene que ver con la selección mexicana, sino con el dueño de dos clubes de la Liga Mx, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) está investigando a Alejandro Iraragorri por presunta defraudación fiscal.
El presidente y director de Grupo Orlegi, dueños de Santos y Atlas, están siendo investigador por una presunta defraudación fiscal por más de 17 millones, 69 mil 865 pesos.
De acuerdo con la información que dio a conocer el Periódico Reforma, Iraragorri habría omitido pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los jugadores de Santos en el periodo de enero a julio de 2017.
Este proceso en contra de Grupo Orlegi se agrega al pleito legal que aún mantienen en contra de Disney, a quienes demandaron hace un año por presunto incumplimiento de contrato relacionado con las transmisiones de sus partidos por Fox Sports México y que, en respuesta, la empresa estadounidense ingresó una contrademanda.
De acuerdo con este reporte, la PFF llevó a cabo una investigación desde 2022 por el pago de más de 54 millones de pesos a jugadores e integrantes del cuerpo técnico, a quienes escudriño por sus depósitos en ese lapso de tiempo.
Por medio de diferentes estrategias realizadas presuntamente por el dueño de Santos Laguna, se generó un plan para no tener que pagar el ISR en esos depósitos y registró los pagos como primas indemnizatorias de riesgo de trabajo, forma de pago que está exenta de este impuesto.
Además de ello y con ayuda del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera, Similares y Conexos de la República Mexicana, se hicieron pagos a la plantilla del equipo como parte del contrato colectivo que se celebró con el sindicato en 2013.
Algunos de los jugadores que habrían recibido esos pagos fueron Néstor Araujo, Djaniny Tavares, Jonathan Rodríguez, Osvaldo Martínez, Jonathan Orozco, Julio César Furch, además de José Manuel de la Torre.
Este delito actualmente ya no amerita prisión preventiva forzosa y en caso de salir culpables, la FGR deberá determinar el tipo de delito, ya que la defraudación amerita una pena de 3 a 9 años, pero en caso de que se pague inmediatamente el monto defraudado, la pena se puede reducir a la mitad.
Con información de 24 Horas
