Por la puerta de atrás y del coronavirus.
Ese odiado programa de ayuda a los pobres, fuente de corrupción sin prueba alguna hasta ahora, no pudo tener mejor suerte.
En la emergencia desatada por la pandemia, regresa con gran parte de sus reglas, del origen de los recursos y de la decisión política.
Es una historia larga y ganan los dueños de los hospitales particulares.
Justamente a quienes se les quiso quitar el negocio privado de la salud pública a través del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi.
Cuando aparecieron en México los primeros contagios de Cobid 19, laboratorios y otras instituciones privadas pidieron participar.
Se les negó todo.
Hasta el derecho de ser pruebas porque, dice el discurso oficial mil veces repetido por Hugo López-Gatell, no son confiables.
Pero con autorización o sin ella, empezaron a resentir los efectos de una enfermedad cada día más devastadora, como lo veremos los próximos meses.
A sus instalaciones llegaban pacientes con coronavirus.
¿Quiere ejemplos?
El del presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Jaime Ruiz Sacristán, recién fallecido y de larga agonía.
QUIÉN LO HUBIERA DICHO…
La lucha tuvo muchos capítulos.
Acorralado por la angustia social, el gobierno empezó a flexibilizar sus reglas y concedió permiso a determinados lugares.
Algo así como:
-Les doy permiso pero atiendan a los pacientes que lo solicitan.
Pudieron contestar:
-Pues si ya lo estamos haciendo…
Y dieron un listado de pacientes con Covid 19 confirmado -ya citamos el caso de Jaime Ruiz Sacristán, pero suman decenas o tal vez cientos- para justificar.
Entonces salió el tema de la colaboración, de la asociación público-privada en una situación sin precedentes.
Se liberaron los primeros permisos para realizar pruebas y empezaron las negociaciones sobre terreno sólido:
-¿Cuánto necesitas y cuánto das?
-Da servicio gratis -les recamaron del lado oficial.
-No, al menos paga los costos.
Y a partir de ahí todo se desarrolló… ¡sobre las bases del Seguro Popular!
Quién lo hubiera dicho…
TRES OBRAS BAJO ACOSO
1.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha iniciado una tarea de Sísifo:
Obligar, por clamor social, a suspender las obras de capricho: Dos Bocas, aeropuerto de Santa Lucía y Tren Maya.
Dinero, dice la promoción de firmas, para llevarlo a las emergencias actuales, tanto la sanitaria del coronavirus como sus secuelas económicas.
Aparte, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo ordenó suspenderlas con el mismo fin, según el reporte de Diana Mancilla.
Se tambalean, se tambalean…
2.- Ya van dos gobernadores inconformes contra las atenciones a pacientes de Covid 19 por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Ellos tendrán sus razones, pero casualmente son del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena): Jaime Bonilla, de Baja California, y Miguel Barbosa, de Puebla.
Y 3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya puso ojo sobre el Banco Accendo, de Javier Reyes.
Según sus datos, los socios fragua auto préstamos para luego inyectar capital a la institución bancaria.
Algo así a lo detectado por el Instituto Bancario de Protección al Ahorro (IPAB), devenido luego en Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
Para más datos, consulte las redes sociales de Ricardo Monreal: es una deuda pendiente a diciembre pasado de un billón de pesos.
