CIUDAD DE MÉXICO.- El Ejército Mexicano se ha cerrado a cualquier escrutinio sobre su actuación en el actual sexenio, cuando ha recibido un trato privilegiado, funciones ajenas a sus responsabilidades constitucionales y negocios sin fin.
Esta actitud se selló este fin de semana, cuando el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, anunció que no acudirá a la comparecencia solicitada por la Cámara de Diputados para aclarar las filtraciones publicadas por el grupo de hackers Guacamaya.
No acudirá a San Lázaro, como era el deseo generalizado de los legisladores -sobre todo de la oposición- ni los recibirá en la sede de la dependencia, como ha sido costumbre suya cada vez que se le solicita alguna información sobre la milicia.
Ha sido la constante, lo mismo para hablar sobre el secuestro, la desaparición y el presunto asesinato de los 43 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa, cuya participación castrense fue documentad por la Secretaría de Gobernación y el subsecretario Alejandro Encinas.
-Fue un crimen de estado -concluyó Encinas para demostrar la participación de los tres niveles de gobierno en aquel suceso de septiembre de 2014. Inclusive involucró a un general como responsable de retener, aislar y luego asesinar a un grupo de normalistas.
Ahora el principal escándalo es la aparición de seis terabytes de documentos, fotografías, informes, grabaciones y miles de pruebas sobre la participación de militares en aquel 16 de septiembre cuando el perredista José Luis Abarca, alcalde impulsado por Andrés Manuel López Obrador, ordenó detener a los estudiantes.
Con esta negativa del general Luis Cresencio Sandoval se evita la posibilidad de saber qué sucedió en aquella ocasión y sobre todo por qué la Defensa Nacional es incapaz de proteger los archivos que resguardan miles de elementos de seguridad nacional.
