Por JOSÉ UREÑA
En el país del no pasa nada hay datos contrarios.
Hasta ahora las balas del crimen organizado han eliminado muchos aspirantes a alguna posición electoral para las votaciones de junio próximo.
Unos reportes hablan de 13, otros de 17 o más.
Pero un número muy superior, sin duda mayor al centenar, asegura un dirigente partidista, ha sido obligado a retirarse de la contienda porque no lo representan o no se le someten.
En estos riesgos no caben excepciones.
Los hay de todos los partidos -oficialistas y opositores-, en todas las regiones del país y contendientes a todos los cargos, en especial a alcaldes de sus municipios.
En estos territorios es donde el control es fundamental porque el promedio de exigencias es simple: de entrada exigen a los futuros presidentes municipales 20 por ciento del presupuesto, asignación de obras y cargos claves como policía y manejo de finanzas.
El control es absoluto en muchos lugares, como asentó el clero en su exposición a candidatos en la firma del Compromiso por la Paz.
OPOSITORES Y NO
Hasta ahora el último ejecutado es del martes, Tomás Morales Patrón.
Quería ser edil de Chilapa, Guerrero, pero hacia las diez y media de la noche fue sorprendido cuando descendía de su vehículo al llegar a su casa.
Le dieron dos balazos.
Antes de él se ha sabido de muchos descalificados, unos por la vía de las armas y otros con amenazas directas o a familiares suyos para no dejar duda de riesgos, alcances y sentencias.
Los muertos no tuvieron alternativa, pues antes se negaron a negociar y a cumplir las demandas reclamadas por quienes, impunes, se sienten dueños de vidas y erarios.
Como no hay distingos, demos algunos nombres:
Por MC han sido asesinados Sergio Hueso, quien aspiraba a la alcaldía de Armería (Colima); Miriam Nohemí Ríos, dirigente en Michoacán, y Julián López, coordinador en Guerrero.
Le sigue el PAN en victimas: Giovanni Lezama, quien quería ser diputado federal por Morelos, y Armando Pérez Luna, contendiente en Maravatío, Michoacán.
El PRI tiene como mártir a David Rey González, en el municipio de Suchiate, Chiapas.
El verde Jaime Vera, no pudo llegar a munícipe de Mascota (Jalisco), ni el petista Alfredo González Díaz podrá contender por Atoyac, Guerrero.
La lista sigue, pero puede agregarse a los heridos y tiroteados, como ayer Timoteo Ruiz en Acambay, estado de México.
GUARDIA NACIONAL
1.- Hay datos poco entendibles.
Si el periodista jalisciense Jaime Barrera fue liberado por sus secuestradores en Magdalena, ¿por qué aparecen con él elementos de la Guardia Nacional?
¿Reivindicación?
Esa corporación, junto con el Ejército y las policías locales, participó en la búsqueda, pero no se le ubicó en cautiverio y menos hubo rescate.
Y 2.- se le viene el mundo encima a la fiscal guerrerense Sandra Luz Valdovinos.
Fue quien debió arraigar al policía asesino del normalista de Ayotzinapa y de quienes lo acompañan cuando le disparó a Yanqui Kothan Gómez Peralta.
Se le fue sin siquiera tomarle declaración y, ya lo confirmó López Obrador, con la complacencia de otros mandos policiacos.
Ayer el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, presentó un testimonio clave: Valdovinos nunca dio un reporte oficial.
Según la Secretaría de Seguridad Pública, los elementos acudieron a presentar su declaración de manera voluntaria, pero no se conoce.
