Cidadde México.-Con 455 a favor, cero en contra y 25 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que suspende los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme debido a la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, familiar equiparada o doméstica y violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, así como por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
En los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata a cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Lidia García, de la Bancada de Morena, dijo que la petición es con la finalidad de evitar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y llegar a la suspensión de derechos en algún cargo en el servicio público; en cuanto a la pensión que corresponde a los hijos, que una candidata o candidato o servidor público debe de ser congruentes y comprometidos con sus vástagos, con esto se dará cumplimiento a la necesidad de los derechos ciudadanos que contiene la Constitución.
El petista Gerardo Fernández Noroña señaló que este tipo de dictámenes no ha ayudado en nada en disminuir la violencia hacia las mujeres, esta iniciativa no va mover ni un milímetro nada, las mujeres seguirán siendo víctimas de la violencia y añadió que la violencia intrafamiliar es igual contra hombres y ellas: no hay proporcionalidad porque no hay claridad, piden castigar igual cualquier tipo de violencia a una violencia grave y políticamente le servirá a una porción de la población no al pueblo, por lo que solicitó que se revise más a fondo el dictamen.
Su correligionaria Lilia Aguilar señaló, como respuesta a Fernández Noroña, que hubo quien dijo que las mujeres no se iban a poner de acuerdo, no solo lo hicieron, sino que además sacan adelante una reforma de avanzada y aunque se diga que esta iniciativa no moverá un milímetro la violencia a las mujeres, no es cierto, el hecho de que no lleguen agresores al servicio público quiere decir que las masculinidades que las hacían sentir ciudadanas de segunda ya no serán más.
El coordinador perredista Luis E. Cházaro dijo que gente que incurra en violencia en contra de las mujeres, no debe de ocupar cargo en el gobierno, ya que no será capaz de cumplir con la sociedad, que esta 3 de 3 busca que haya paternidades responsables, porque dos de cuatro hijos no reciben sus alimentos, festejó las diputadas que han dejado patente la sororidad entre mujeres, agradeciendo el anteponer a las mujeres y a los niños por encima de cualquier color o partido.
Olga Espinoza, legisladora tricolor, declaró que en la Cámara hay 250 mujeres que no quieren tener cadenas, que están para defender a las mujeres que están afuera, “somos el 50 más una de este país, les guste o no les guste”; que están dando esperanzas a las niñas y las jóvenes, más de lo que ellas tuvieron: “lo decimo fuerte y claro, ningún violentador llegará al poder, el patriarcado va a caer y si no cae aquí hay 50 mujeres que lo derribara”.
Joanna Alejandra Felipe, del PAN, indicó que la desigualdad entre los sexos y la violencia, muchos lo ven como normales, solo ser mujer indicaba inferioridad, pero que ya no será más; que el servidor público que es golpeador de mujeres, violador, acosador sexual, un violentador de su propia familia, una persona irresponsable con la manutención de sus hijos e hijas utilizará su poder para seguir golpeando, para seguir violando, para conservar su irresponsabilidad parental bajo el amparo del cargo: “al violentador se le castiga, no se le premia con cargos”.
Con información de Quadratin
