CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la prisión preventiva dictada este jueves en contra del anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre, pedida por la Fiscalía General de la República (FGR), por presunto tráfico de fentanilo, su defensa, activistas y el propio acusado exigen a las autoridades justicia y reivindicar los esfuerzos a favor de los derechos humanos.
Este 31 de agosto, un Juez de Control de La Paz, Baja California, dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Gustavo Darwin Aguirre Castro, a quien la FGR imputó en audiencia inicial probable responsabilidad de delitos contra la salud en su modalidad de posesión de fentanilo, morfina, efedrina con fines de suministro, y posesión simple de Delta-9-Tetrahidrocannabidol (THC).
Ante esta situación, el gremio médico, jurídico y un amplio sector de la sociedad de pacientes mexicanos, expresaron su consternación por la decisión tomada por el juez de control “en la que el doctor Gustavo Darwin Aguirre fue sometido a la brutal medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dejando de lado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emplazado al estado mexicano para homologar el desuso de tan lesiva medida por atentar contra los Derechos Humanos”.
A través de un comunicado, condenaron que el anestesiólogo haya sido sometido a esta decisión argumentando que el médico “constituye un riesgo para la sociedad”.
El juez ordenó que en 36 horas el médico tendrá que presentarse a las autoridades para ser encarcelado hasta la celebración de la siguiente audiencia, la cual será reanudada el martes 5 de septiembre a las 17 horas, en la que se decidirá su situación jurídica a través del auto de vinculación o no vinculación a proceso.
“Este proceso debe ser transparente y estar sujeto al escrutinio público porque no solo se está resolviendo la situación jurídica de un hombre, también se está definiendo el camino que garantice el ejercicio profesional de todo un gremio o su futura persecución. Exhortamos a la Fiscalía General de la República a reivindicar sus esfuerzos y recursos para perseguir a quienes representan un verdadero peligro para la sociedad y no a quienes dedican su vida a sanarla.
Al Poder Judicial le pedimos que su única consigna sea la de garantizar los Derechos Humanos; y al Presidente de la República le solicitamos que acumule sus esfuerzos para que ningún servidor público pueda seguir ocupando a las instituciones del estado para destruir las vidas que deberían proteger”, señalaron en el comunicado. Los inconformes confiaron en que la razón, la ley y la justicia se harán presentes.
El caso
A finales de julio, al Gustavo Darwin Aguirre, anestesiólogo de Los Cabos, Baja California Sur, le fue abierta una carpeta de investigación debido a que compró fentanilo para uso médico, presuntamente sin los permisos necesarios para dicha adquisición.
El médico y su familia fueron desalojadas de su vivienda, lo que señaló como un abuso, ya que el anestesiólogo intentó mostrar a los agentes los documentos que lo avalaran y la FGR los desestimó.
Con información de Quadratín CDMX
