CIUDAD DE MÉXICO.- Los abogados de los cuatro elementos del Ejército que permanecen detenidos señalados por su supuesta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa presentaron formalmente una denuncia por las que consideraron pruebas falsas contenidas en el informe presentado por Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, en relación con el caso.
La denuncia se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de quienes resulten responsables por haber fabricado las capturas de WhatsApp mostradas en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) que se usaron como prueba de la participación de militares en los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Dicha querella no acusa directamente a ningún funcionario, por lo que será trabajo del Ministerio Público Federal determinar quiénes podrían ser señalados como responsables de la supuesta fabricación de dichas pruebas; entre los funcionarios que podrían incluirse se encuentra el propio Alejandro Encinas, explicaron los abogados Alejandro Robledo y César González, encargados de la defensa de los soldados.
“El día de hoy nuestros cuatro defendidos han denunciado penalmente ante la FGR en contra de quienes resulten responsables por la fabricación y el uso de evidencias falsas en la emisión de un informe oficial de la Comisión de la Verdad”, anunció el abogado Alejandro Robledo.
Los litigantes recalcaron que actualmente el general José Rodríguez, el capitán José Martínez, el cabo Eduardo Mota y el subteniente Fabián Alejandro Pirita se encuentran en prisión al ser señalados en el testimonio de un supuesto integrante del crimen organizado y no debido a las capturas de WhatsApp presentadas como evidencia en el informe de la Covaj.
La semana pasada, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investigan el caso Ayotzinapa explicaron que el informe de la Covaj, que preside Alejandro Encinas, no se relaciona con las detenciones y órdenes de aprehensión giradas por el caso, pues la judicialización está a cargo de una unidad especial de la Fiscalía General de la República. Al respecto, denunciaron que desde el interior de esa dependencia se orquestaron acciones para obstruir la aplicación de la justicia por la desaparición de los 43 normalistas.
Con información de Radio Fórmula
