Por JOSÉ UREÑA
Literalmente.
El equipo de Delfina Gómez ha iniciado una revisión profunda sobre los bienes presupuestarios, muebles e inmuebles del Gobierno del Estado de México.
Eso es común en todos los relevos, en especial cuando son de signo diferente y se pretende perseguir al gobernador saliente y a su equipo.
En especial lo vemos en los señalamientos donde ha ganado Morena de 2018 a la fecha, cuando recibieron la patente para promoverse como honestos aunque reprueben en transparencia.
Ahora el tema es el estado de México.
Durante mucho tiempo el priísmo de esa entidad fue considerado el más sólido, mejor organizado y con recursos para apoyar procesos electorales en otras regiones.
Tiempos hubo, sobre todo con Enrique Peña Nieto, cuando acudían mandatarios tricolores en demanda de apoyo organizacional y económico.
Eso lo propulsó como líder y contribuyó para la holgada victoria del 2012, aunque no lo haya asimilado Andrés Manuel López Obrador.
PROPIEDADES OFICIALES
Pero hay una estela bajo investigación.
¿Cómo mantenía el PRI una gran sede y muchos edificios en ciento veintitantos municipios con gran nómina y capacidad de movilización?
Los resultados mostrarán muchos datos, pero es preciso hacer una acotación: esa gran estructura y recursos no afloraron en la campaña de Alejandra del Moral.
Fue causa parcial de su derrota, sumada a errores personales de ella, del equipo de la candidata e injerencia desmemedida de familiares y supuestos operadores sin oficio.
Un punto a favor, bajo esta visión, para Alfredo del Mazo.
¿Y cuál es la presunción de Delfina Gómez?
Ya tienen pistas a partir de versiones de priístas interesados en enrolarse en la nueva administración: los principales inmuebles son propiedad del estado de México.
Con comodato o sin él, pero así es.
Será un escándalo dejar al PRI literalmente en la calle cuando Delfina se decida a actuar porque abonará al discurso de descrédito para la oposición surgido en Palacio Nacional y replicado en todo el país.
PRESIONES EN AVIACIÓN
El domingo debe haber noticias sobre la aviación mexicana.
La Federal Aviation Administration (FAA) prevé dar su decisión sobre las respuestas de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Fueron más de 30 observaciones y un cuestionario de 316 preguntas presentadas ante Rodrigo Vázquez (AFAC) y Jorge Nuño (SCT).
La dependencia de Nuño declaró “solventado” el proceso y presiona por la vía política para recuperar la categoría 1 por parte de Estados Unidos, lo cual está por verse.
Si persiste la posición de los especialistas, México seguirá en categoría 2, a donde cayó el 2 de mayo de 2021 por desatenciones elementales y atentatorias de la seguridad.
Seguramente la mayoría de puntos serán aceptados, pero hay muchísimas dudas en la FAA en materia reglamentaria, carencia de personal, déficit de inspectores y falta de vigilancia.
Si bien esa Administración estadunidense no tiene facultades ejecutivas, sí influye en políticas y las líneas aéreas nacionales no han podido crear más rutas hacia ese país desde el 2 de mayo del 2021.
Además, hay un antecedente: el Departamento de Transporte de esa nación, a cargo de Carol Annie Petsonk, presume incumplimientos en gran parte del convenio bilateral.
Si llega la negativa, valga una reflexión: en 2011 se dio la anterior degradación pero el gobierno de Felipe Calderón atendió todo en menos de seis meses y todo solucionado.
Hoy no.
