Ciudad de México.- Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite siete controversias constitucionales que impugnan las modificaciones a Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las cuales conforman la primera parte del Plan B en reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Alberto Pérez Dayán dio entrada a los recursos legales promovidos por los municipios de Monclova, Sierra Mojada y Matamoros, de Coahuila; Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, así como Guanajuato y Comonfort, en Guanajuato.
El ministro rechazó otorgar la suspensión solicitada a los municipios, ya que combaten normas generales, y porque no se actualiza la excepción establecida por la Corte, consistente en que la suspensión puede otorgarse siempre y cuando impliquen o puedan implicar la transgresión irreversible de algún derecho humano.
Con información de Milenio
