Armando Ríos Piter renunció a la Rectoría de la Universidad de las Américas Puebla, cuyo cargo fue designado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada del Estado.
A través de su cuenta oficial de Twitter, confirmó: “He decidido presentar mi renuncia al patronato legalmente reconocido de la #UDLAP, para que no haya más pretextos y el campus regrese de inmediato a la normalidad”.
El exsenador arguyó que ahora sí, no deben existir pretextos para que los estudiantes vuelvan a clases presenciales dentro del campus. Además, señaló que los litigios en torno al desfalco de la Fundación Mary Street Jenkins podrían llevar años y por ello, es fundamental que se privilegie la vida universitaria.
Por su parte, la Fundación Mary Street Jenkins, de la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla, emitió un comunicado a la Comunidad Estudiantil, padres de familia, personal académico, administrativo, así como trabajadores y a la opinión pública, cuyo texto íntegro se presenta a continuación:
“La responsabilidad de este Patronato es cuidar la integridad del patrimonio y la plena realización de los propósitos de la Fundación Mary Street Jenkins, de la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla, así como del conjunto de instituciones de asistencia privada que las integran.
Como es del conocimiento público, en el año de 2014 el antiguo Patronato, junto con los familiares del difunto William Jenkins y un equipo de abogados, desfalcaron a la Fundación Mary Street Jenkins a través de un complejo esquema ilícito de simulación de actos, lo cual, al día de hoy, tiene a los probables responsables con órdenes de aprehensión libradas por jueces locales y federales, por los delitos de administración fraudulenta y lavado de dinero.
En ejercicio de sus deberes, el Patronato se ha propuesto restablecer la legalidad en el gobierno y administración de estas instituciones, ante la existencia de un largo conflicto por la integración de su Patronato y frente a un conjunto de procedimientos relacionados con la comisión de delitos en perjuicio de su patrimonio.
En consecuencia, se han realizado las auditorías internas y promovido las acciones legales pertinentes para garantizar que los bienes que conforman el patrimonio fundacional se destinen a su objeto y fines. Se han denunciado los hechos contrarios a la ley, tales como cuantiosas operaciones simuladas y transacciones irregulares realizadas con recursos de la Universidad de las Américas Puebla, entre otros. Se han adoptado todas las medidas necesarias para evitar que continúe la sustracción ilícita del patrimonio.
Desafortunadamente, debido a la estrategia legal y política que han seguido los miembros removidos del Patronato y otros actores involucrados en las investigaciones que siguen las autoridades federales y locales, la Universidad se ha convertido en el centro de una disputa judicial que solo concluirá cuando se determine, en definitiva, quién debe integrar los respectivos patronatos de las instituciones de asistencia privada y si existe responsabilidad penal por los delitos denunciados.
El interés superior de los estudiantes, académicos, investigadores, trabajadores y de la comunidad UDLAP exige que se tomen todas las medidas necesarias para que la Universidad no quede a merced de un conflicto legal o, peor aún, del interés procesal de las partes.
Por tanto, y en cumplimiento de la orden judicial que restituyó la posesión de la Universidad a la Fundación Mary Street Jenkins, este Patronato ha determinado proceder en los siguientes términos:
El viernes pasado, se consignó ante un juez civil del Estado de Puebla, en vía de jurisdicción voluntaria, la posesión plena del campus de la Universidad y de todos sus accesorios, en beneficio de la Doctora Cecilia Anaya Berrios, en la calidad que ostenta dentro del cuerpo directivo de la Universidad. Esto significa que la Doctora Anaya está en condiciones de asumir la posesión jurídica y material de la Universidad, así como la administración, conducción y representación de la UDLAP, tan pronto como lo disponga.
Tal y como lo instruyó la Juez de Control de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, este Patronato solicitará los buenos oficios de la Secretaría de Educación Pública del Estado con el fin de que la Doctora Anaya asuma las funciones que orgánicamente tiene conferidas y se reestablezca, a la brevedad posible, la normalidad en la Universidad.
Esta mañana, el representante legal de este Patronato se ha desistido de la acción civil que se promovió ante el Juez 24 de la Ciudad de México, por lo que la Universidad no se encuentra ya bajo ningún procedimiento de naturaleza administrativa o jurisdiccional que pueda afectar su funcionamiento o actividades. A partir de este desistimiento, no cabe la excusa de la prevalencia de alguna suspensión de amparo.
El maestro Armando Ríos Piter ha comunicado a este Patronato su decisión de no continuar en la función que se le asignó, debido al conflicto legal en curso. Agradecemos al maestro Ríos Piter su disposición, su entrega y compromiso. Dejamos testimonio de su enorme esfuerzo por normalizar la situación de la UDLAP.
Hacemos un llamado a todas las partes a que la Universidad se mantenga fuera del conflicto legal sobre la integración de los patronatos y sobre la legalidad de los actos de disposición del patrimonio fundacional.
La vía inmediata para que la Universidad recupere la normalidad es que sus autoridades asuman ante el juez civil la posesión plena del campus y ejerzan las funciones que les corresponden conforme a su estatuto laboral.
El futuro de la comunidad UDLAP se resuelve en las aulas y laboratorios, no en los tribunales. Reconocemos la participación de los estudiantes que, con su actuar contribuyen al crecimiento de la Universidad, lo que dará como resultado la formación de excelentes profesionistas, pero sobre todo, de personas con un profundo sentido social y ético que ayudará en el desarrollo y bienestar de nuestro país”.
Con información de Quadratin
