Por unanimidad de 76 votos, el Pleno del Senado de la República aprobó un dictamen para que las autoridades de los tres ámbitos de gobierno adopten medidas integrales que protejan a la niñez contra las prácticas nocivas que representa el matrimonio infantil.
La reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes busca plasmar que las autoridades federales, de los estados, municipios y de las demarcaciones de la Ciudad de México adopten medidas integrales para la protección de niñas, niños y adolescentes contra las prácticas nocivas de cesión a título oneroso o gratuito, con fines de unión formal e informal o consuetudinaria.
De acuerdo al documento, se deberán garantizar acciones afirmativas respecto de las niñas, niños y adolescentes que formen parte de comunidades indígenas, afromexicanas, con discapacidad, en situación de migración o desplazamiento o en exclusión social.
De acuerdo a los senadores, las implicaciones del matrimonio infantil representan una práctica que altera el desarrollo integral de las y los menores como: su derecho a la salud, principalmente a la reproductiva, embarazos, maternidad y paternidad prematura.
Además, su derecho a la educación, por el abandono escolar, rezago educativo y en muchas de las veces, sobre todo en el caso de las niñas, se les inserta de forma prematura en un rol doméstico, lo cual implica explotación física y una condición violatoria de la igualdad de género.
En México hay aproximadamente 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes, y es uno de los 10 países a nivel mundial con mayor número de matrimonios infantiles, reza el dictamen.
Con información de Quadratin
