El 19 de diciembre de este año, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría
de la Función Pública, dio a conocer los resultados de la investigación realizada
con motivo de 33 denuncias presentadas en contra del actual titular de la
Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, todas –según la
secretaria– se sustentaban en un conocido reportaje periodístico difundido por
Carlos Loret de Mola. En palabras de la Doctora Irma Eréndira, la investigación
se centró en determinar si podrían actualizarse, específicamente, tres faltas
administrativas: la actuación bajo conflicto de interés, enriquecimiento oculto u
ocultamiento de conflicto de interés y tráfico de influencias. Posteriormente, el
presidente López Obrador agregaría que la investigación se había acotado al
desempeño de Bartlett durante la actual gestión; es decir, no abarcaría faltas
ocurridas en administraciones anteriores.
Sorpresivamente, la Función Pública determinó que Bartlett no incurrió en
ninguna de las conductas sancionadas por la Ley General de Responsabilidades
Administrativas. Naturalmente, la comentocracia nacional y los expertos del
Twitter no hicieron esperar la avalancha de críticas en contra de la actuación
parcial de Irma Sandoval e incluso, hubo algunos audaces que criticaron el
mérito jurídico de una resolución cuyo texto completo –hasta donde tengo
conocimiento– no ha sido publicado.
En opinión de quien escribe estas líneas, nadie puede negar que la simple
presencia de Bartlett en el gobierno encabezado por el presidente López Obrador
sí es, como diría Salvador Allende, una contradicción hasta biológica, que
rompe con la narrativa de cero tolerancia a la corrupción propuesta como
estandarte de la campaña presidencial de 2018.
Bartlett es uno de los políticos vivos más experimentados de la política
mexicana; conoce las entrañas del poder en crudo porque le tocó verlo en vivo y
a todo color, desempeñando algunas de las más altas responsabilidades del
gobierno mexicano en la época de la dictadura perfecta; dobla en experiencia y
oficio a cualquier líder actual de la oposición nacional e incluso podemos decir
que únicamente fueron los azares del tablero político los que le impidieron
desempeñar la más alta responsabilidad del Estado mexicano.
Pero en el reverso de la moneda también figuran múltiples acusaciones de haber
formado parte en episodios cuyos frutos hoy día, directa o indirectamente, siguen
lastimando la vida pública de México: serias acusaciones de nexos al más alto
nivel con cárteles de la droga desde las épocas en las que despachaba en Bucareli,
su presunta anuencia en el asesinato del crítico abogado y periodista Manuel
Buendía y el diseño de la caída del sistema, episodio que únicamente las mentes
más jóvenes de este país podrían no conocer. No ha existido una prueba que
jurídicamente vincule a Manuel Bartlett con las acusaciones de las que ha sido
objeto a lo largo de su carrera y, si la hubo, fueron otros gobiernos los que se
encargaron de ocultarlas. Pero la verdad jurídica, por más verdad que sea, es eso:
jurídica y el análisis político obliga a aceptar que existe cierta verosimilitud en
las versiones que rodean al hoy titular de CFE.
Ahora bien, a un año de este gobierno, el logro más relevante de la Función
Pública fue la inhabilitación de Emilio Lozoya, quien honestamente dudo que
tenga interés en volver a la esfera de lo público. Ante la irrelevancia de la labor
de esa secretaría en el actual gobierno –como en el de Enrique Peña Nieto– me
parece absurdo, pueril e inocente que se pretendiera que en esta administración
se sancionaría a Bartlett por los presuntos productos patrimoniales de conductas
que, en su momento, otros tuvieron la oportunidad de investigar y sancionar.
A reserva de que la Función Pública publique el contenido íntegro de su
resolución y esta pueda analizarse desde su mérito jurídico, parece que nadie ha
reparado en el hecho de que el marco legal de responsabilidades administrativas
de los servidores públicos es insuficiente para sancionar determinadas
conductas. Desde luego parece inverosímil que la pareja sentimental de Bartlett
haya amasado una fortuna inmobiliaria como la expuesta por el reportaje de
Loret de Mola; sin embargo, a la luz de las leyes vigentes en materia de
responsabilidades, es plausible afirmar que, ante la inexistencia de un vínculo
jurídico que una a la señora Julia Abdala y Bartlett, no puede concluirse que éste
último sea el propietario de los inmuebles que presuntamente no fueron incluidos
en su declaración patrimonial. No digo que sea la solución correcta, sino que es
una de las posibles soluciones que la vaguedad de las leyes vigentes permite.
La disminuida –raquítica ya– oposición continúa pérdida en el discurso de lo
cotidiano. No he leído ninguna auto crítica de quienes por años operaron bajo el
marco legal que hoy da margen a este gobierno para que Bartlett sea exonerado;
no existen reflexiones desde la oposición hacia las deficiencias del diseño
institucional de nuestro sistema de combate a la corrupción en el ámbito público.
Las ambigüedades y vaguedades legales que seguramente habrán sido utilizadas
por la Doctora Sandoval y que en su tiempo fueron usadas por Virgilio Andrade
en el famoso caso de la Casa Blanca, fueron diseñadas por quienes hoy se rasgan
las vestiduras con motivo del caso Bartlett.
Lo inmediato y superficial es criticar la condescendencia de Irma Sandoval y el
presidente López Obrador, sin duda. Pero la crítica seria y, sobre todo útil, exige
que reprochemos la incongruencia y omisión de quienes con gusto se
acomodaron a un sistema de responsabilidades que en lo práctico jamás
demostró resultados. Todo ello con miras a formar un dialogo público sobre la
forma en la que debe modificarse el marco legal que permite que en México
existan este tipo de casos. Veremos.
***El autor es abogado litigante en
materia constitucional y
administrativa
