CIUDAD DE MÉXICO.- Con respecto a la situación de personas menores de edad en contexto de migración no acompañadas bajo resguardo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) refrendó la obligación moral y legal del Estado mexicano para velar por la seguridad y garantizar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes.
Esto se hace con pleno respeto al acuerdo binacional con Estados Unidos, con cuyo nuevo gobierno se negocian estrategias y condiciones de reunificación de esos menores de edad con el gobierno de Washington, merced a las nuevas políticas migratorias.
Es uno de los beneficios alcanzados luego del gobierno de Donald Trump, cuando hubo persecución de todos los migrantes y una de las acciones era desbaratar familias, pues unos eran retenidos y otros regresados a sus países de origen.
Conscientes de las diversas causas que orillan a los menores de edad a migrar, el Gobierno de México garantizó el fortalecimiento de los cimientos del sistema migratorio para proteger, resguardar y garantizar los derechos de la niñez en todo momento.
Además, mantener las conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos y a nivel regional para lograr la reunificación familiar de las y los menores, así como para que el proceso migratorio con ese objetivo suceda en los países de origen de los menores, de tal forma que se garanticen sus derechos humanos.
A través de un comunicado, en conjunto con la Secretaría de Gobernación (Segob), el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), subrayó que las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados constituyen un grupo altamente vulnerable.
Cuando conoce de casos de niñas, niños y adolescentes en situación de migración, acompañados o no, el INM canaliza a los sistemas DIF municipal, estatal o federal, y al mismo tiempo notifica a las Procuradurías de Protección de los tres niveles de gobierno, a fin de proteger el interés superior de las personas menores de edad, observando, si es el caso, el principio de unidad familiar.
El referido proceso jurídico no solo garantiza que la decisión sobre la situación migratoria del menor partirá del interés superior del mismo, sino que también permite que dicha población ya no esté expuesta o en peligro.
