CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de más de tres horas de intenso debate, el Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen sobre la procedencia y trascendencia nacional de la consulta popular de la petición del titular del Ejecutivo federal para enjuiciar a expresidentes por actos de corrupción y la convocatoria de la misma.
Con 65 votos a favor, 49 en contra y una abstención, por mayoría de la bancada de Morena y aliados avalaron el proyecto de decreto para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, pregunta que se habrá de someter a la consideración de la ciudadanía por conducto del Instituto Nacional Electoral (INE).
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, de Morena, reiteró la trascendencia de la consulta popular es procedente al cumple con el requisito que dispone el párrafo del artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular.
En su Artículo 3 expone: “Es procedente convocar a las y los ciudadanos mexicanos a consulta popular para que se manifiesten sobre la pregunta contenida en la convocatoria a consulta popular”.
La morenista justificó que la consulta popular es de trascendencia nacional porque con ello México cumple con un compromiso internacional expresado en la Carta Democrática Interamericana, particularmente en el Artículo 2 que dicta:
“El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de derecho y los regímenes constitucionales de los estados miembros, la democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad, conforme al respectivo orden constitucional” .
En uso de la palabra, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, toda vez que presentó voto particular en términos reglamentarios, refutó que de nueva cuenta el grupo mayoritario ha pretendido reducir a esta Soberanía a una mera Oficialía de Partes al servicio de la voluntad del Ejecutivo Federal.
De nueva cuenta, reclamó que se han atropellado las disposiciones legales, los procedimientos reglamentarios y hasta la cortesía parlamentaria en aras de los intereses políticos del oficialismo.
Y otra vez, “el Ejecutivo ha decidido renunciar a sus obligaciones constitucionales para pretender endosar la responsabilidad política de sus omisiones, a la ciudadanía”.
