Ya es constitucional la obligatoriedad del Estado de dar apoyo a discapacitados y personas vulnerables

CIUDAD DE MÉXICO.- La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió la declaratoria de reforma al artículo 4, la cual eleva a rango constitucional programas sociales en favor de diversos grupos vulnerables de la población e instaura un sistema nacional de salud para el bienestar.

En sesión de este viernes 1 de mayo, se dio cuenta del voto aprobatorio de 23 legislaturas locales de: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, y Zacatecas.

La senadora de Morena, Mónica Fernández Balboa, instruyó turnar el documento al Diario Oficial de la Federación (DOF) para la publicación del decreto que le dará vigencia obligatoria.

La reforma al artículo 4 de la Constitución garantiza la extensión progresiva de seguridad social para la población que se encuentra en estado de vulnerabilidad y crea un sistema nacional de salud para personas que no cuentan con acceso a la seguridad social.

Tiene como finalidad asegurar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de este sector poblacional.

Establece además que el Estado garantizará el apoyo económico a personas con discapacidad permanente, priorizando a menores de 18 años, indígenas, afromexicanas y aquellas en condición de pobreza. Incluye el derecho a una pensión no contributiva a las personas adultas mayores de 68 años en adelante.

En caso de personas indígenas y afromexicanas; este apoyo se otorgará, a partir de los 65 años de edad. De la misma manera, pone en marcha un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares de educación pública, priorizando los que viven en familias en condiciones de pobreza.

Esta medida pretende garantizar el derecho a la educación con equidad. En un estudio de impacto presupuestal que se fundamenta, elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, señala que existen las condiciones económicas adecuadas para llevar a cabo esta reforma constitucional.

Calcula que se generaría un impacto potencial de hasta 95 mil 730 millones 508 mil 349 pesos.

No obstante, “tomando en cuenta el escenario, en el cual todas las entidades federativas celebren acuerdos de coordinación, los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) podrían solventar los recursos adicionales”.

Para este 2020 cuenta con recursos de 103 mil 371 millones 546 mil 526 pesos.

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