Vergüenza judicial… En Jalisco la violación de una niña de 10 años se salda con 13 mil pesos… Claro, el violador es influyente

PUERTO VALLARTA, Jal.- La violación de una menor de diez años vale… ¡13 mil pesos.

Eso decidió la justicia de Jalisco en contra de un ex jefe policiaco, identificado como Luis Alonso N, para escándalo de grupos feministas y demandantes de justicia en contra de esos abusos.

Originalmente el juez Jorge Luis Aranda consideró que no hubo delito porque no hubo disfrute del ex director de Recursos Humanos de la policía de Puerto Vallarta.

El asunto fue apelado y el gobernador Enrique Alfaro prometió no dejar impune el caso, a partir de lo cual el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Jalisco (TSJEJ) suspendió a Aranda.

El proceso siguió, pero se condenó al violador… ¡al pago de 13 mil pesos!

Al considerar que es una vergüenza que se esté pagando a un instituto que no está haciendo bien su trabajo, la abogada Sandra Quiñones, defensora de la menor violentada por el exdirector de Recursos Humanos de la policía de Puerto Vallarta, lamentó que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) no esté contemplando una reparación orgánica e integral de la agraviada y su familia.

Lo anterior, luego de que se dio a conocer que el IJCF fijo como monto de reparación del daño 13 mil pesos para la atención sicológica de la menor, cifra con la cual, según el instituto, se cubrirían las terapias.

Por tal razón, Sandra Quiñonez destacó que, hasta el momento, el monto estimado oscila el millón de pesos, e incluso -añadió- la cifra podría elevarse al millón 600 mil pesos.

“Pero no se trata de una cifra, de un monto económico”, dijo la abogada, al detallar que lo principal es reparar de manera orgánica e integral el daño sufrido por la menor y su familia.

Por ello, la defensa a su cargo ha solicitado peritajes externos, avalados por la autoridad judicial, en los cuales se contempla la atención, tanto sicológica, física y social de la menor y su familia, toda vez que el IJCF, contempla solo una somera atención.

Destacó que el hecho de que el IJCF haya fijado dicha cifra, no representa que sea un hecho, es decir -explicó- aún falta varias etapas del juicio y un fallo final del juez, en que se contemplan varios elementos más, entre los que se encuentra la condena y la reparación del daño.

Y es que Quiñonez ejemplificó casos donde, la agraviada al no contar con una defensa, el abogado de oficio admite lo que el IJCF determina, y las reparaciones de daños son por 8 mil pesos por intento de homicidio o cifras similares por hechos de violencia de género, pero todo ello, reiteró, es porque el instituto está haciendo mal su trabajo.

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