CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de la emergencia sanitaria por Covid-19, la Procuraduría Social (Prosoc) de la Ciudad de México ha registrado 10 mil llamados por fiestas en Unidades Habitacionales, sin embargo ninguna de éstas ha derivado en una sanción.
La directora general de la Prosoc, Patricia Ruiz Ancohondo, informó el balance de fiestas durante la pandemia.
“En la Procuraduría Social recibimos muchas llamadas y quejas en relación con esta actividad, nos estamos coordinando con el C5 para poder atender estas llamadas, porque la Procuraduría Social no tiene atención las 24 horas y esta incidencia se da por lo general en las noches. Estamos canalizando las llamadas al 9-1-1. Nosotros registramos más de 10 mil llamadas hasta el momento”, explicó en videoconferencia de prensa, en compañía de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con un análisis de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en la capital hay más de 7 mil 200 unidades habitacionales, con 582 mil 190 viviendas, donde se concentra una cuarta parte de la población de la entidad.
La Procuradora precisó que las más de 10 mil llamadas se reportaron desde enero de 2020 a la fecha.
Sin multas
Sin embargo, por la suspensión de términos en los trámites, que se tienen que seguir para llegar a imponer una sanción, no ha habido multas.
“Nosotros dependemos de un procedimiento, el C5 tiene que iniciar el procedimiento ante la Procuraduría Social para que la Procuraduría Social pueda aplicar estas multas. Tenemos como institución la posibilidad de sancionar administrativamente a los que alteren la vida en el condominio, pero hasta la fecha no nos han enviado ninguna solicitud”, agregó.
El pasado 4 de diciembre, en la Gaceta oficial, se publicó una aviso que sostiene lo siguiente:
“Las Administraciones y Comités de Vigilancia de las unidades habitacionales y condominios deberán permitir el acceso a las autoridades correspondientes para conminar a dejar de realizar las actividades que incumplan las medidas sanitarias, siempre que así lo soliciten las y los vecinos. La omisión de esta disposición se sancionará por la Procuraduría Social de la Ciudad de México, en los términos de la ley en la materia”, sostiene el documento.
La multa podría ascender hasta 8 mil 688 pesos por estos incumplir las normativas vigentes.
Con información de El Heraldo de México
