Toda la furia contra 31 académicos e investigadores del Conacyt, acusados de desviar recursos

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la negativa de un Juez de Distrito a la solicitud de orden de aprehensión contra 31 académicos y ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por presuntos delitos patrimoniales en contra del erario público, la Fiscalía General de la República (FGR) volverá a solicitar el mandamiento.

Después de la filtración de dicha solicitud, la FGR, en un comunicado, considera que es indispensable una información pública, clara y precisa, de cuál es su posición jurídica en este caso.

Indicó que el Juez de Distrito señala en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del Conacyt, para después incorporarse a ella y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos.

No es un hecho delictivo la forma en que se manejaron los 50 millones de pesos invocados por el organismo encabezado por Alejandro Gertz Manero, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del Consejo, lo autoriza.

“Ese criterio no es aceptable, ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio Conacyt, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro como un órgano interno de esa Institución.

“Y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra  de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria”, detalló en un  comunicado.  

Por esas razones, el Ministerio Público de la Federación no coincide con ese criterio y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas. 

Por lo anterior, FGR volverá a solicitar la orden de aprehensión, “explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”.

La FGR considera que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables y no es necesario, en modo alguno, el uso de filtraciones que no ayudan al conocimiento cabal de un tema que debe ser tratado con toda objetividad y en apego a derecho.

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