CIUDAD DE MÉXICO.- Parece que la oposición por fin se hará sentir en el Legislativo y pondrá un alto a la ambición del presidente Andrés Manuel López Obrador por acumular el poder.
Por considerar que al presidente de la República le han resultado infructuosos todos los llamados, para el diálogo, el entendimiento y la adopción de acuerdos indispensables para la atención de la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales, senadores y diputados afirmaron que no facilitarán la aprobación de iniciativas que vulneren el orden constitucional.
En una postura sobre la iniciativa que el Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el bloque de contención —como se hace llamar la oposición— señaló que la propuesta es innecesaria, busca legitimar acciones inconstitucionales y promueve la opacidad. Senadores y diputados del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD subrayó que las disposiciones vigentes de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sustentan la posibilidad de la adecuación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) ante el escenario de una disminución de los ingresos fiscales aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación, hoy estimado en un escenario optimista en un -5.4 por ciento.
Esta adecuación se realizaría a propuesta del Ejecutivo Federal y sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. También pretende establecer previsiones particulares para eludir el sistema de rendición de cuentas.
La iniciativa prioritaria para el Gobierno federal busca dar sustento a posponer toda acción y gasto gubernamental, salvo 38 programas que el Presidente califica de prioritarios, Decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de abril, por el cual unilateralmente se establecieron determinaciones sobre el ejercicio del PEF 2020 que violan la Constitución y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El bloque de contención señala que el Decreto que le da origen no establece la naturaleza y características de la emergencia económica derivada de la pandemia y sus efectos en las finanzas públicas, el sustento para la determinación de las actividades y los programas prioritarios o los criterios para la reorientación del gasto público para la atención de los derechos de las personas y los servicios que la administración debe proveer.
Tampoco establece un límite a los recursos que se pueden reasignar. Aunado a esto y profundiza el centralismo, pues puntualizan que se pretende desaparecer el Fondo Metropolitano para el año 2020, recursos destinados para inversión pública que ahora pretenden orientar a la discrecionalidad del gobierno central.
“La propuesta legislativa atenta contra una de las facultades legislativas más importantes: la de decidir y supervisar, como representantes de la ciudadanía, la asignación y el ejercicio del presupuesto de la Nación.
Además, no propone ninguna medida dirigida a contener la grave caída de los ingresos presupuestarios, los cuales podrían disminuir por más de 700 mil millones de pesos”, indica el pronunciamiento en conjunto.
Ante la profunda crisis de salud y económica que se avecina por la epidemia del Covid 19, la iniciativa plantea una propuesta que vulnera el orden constitucional y los principios de división de poderes, de gasto con criterios federalistas, de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y de rendición de cuentas con base en autorizaciones sujetas al control de la gestión gubernamental.
“Nos resulta evidente que en la emergencia presente las prioridades son esencialmente la vida y la salud de la población, los ingresos de las familias y la preservación de las capacidades para reactivar la economía y no el otorgamiento de poderes extraordinarios al Presidente de la República para la disposición y la asignación de los recursos públicos de la Federación”, señalan.
Por ello, insisten, una vez más, en que es urgente un Acuerdo Nacional que congregue los esfuerzos de todos los sectores y de toda la ciudadanía.
“Esta crisis se resolverá sólo con la participación de todos y con gobernanza, diagnósticos precisos, propuestas estratégicas, respuestas tangibles y evaluables, transparencia y rendición de cuentas”, consideran.
Ante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, los legisladoras de los grupos parlamentarios de contención que forman parte de la Comisión Permanente no apoyarán la celebración de sesiones extraordinarias que tengan como objetivo preconcebido la aprobación de esta iniciativa de modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
“Aprobarla representaría un claro retroceso en nuestro orden jurídico, no sería un acto de responsabilidad ante las generaciones presente y venideras y significaría regresar a un autoritarismo que desdeña el Estado democrático de derecho”, sentencian.
El documento es respaldado por los senadores del PAN: María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Nadia Navarro Acevedo, Julen Rementería del Puerto, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz e Indira de Jesús Rosales San Román.
Las diputadas del PAN: Laura Angélica Rojas Hernández, Éctor Jaime Ramírez Barba, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Romero Hicks, Carlos Alberto Valenzuela González y Martha Estela Romo Cuéllar.
Los senadores del PRI: Manuel Añorve Baños, Claudia Ruiz Massieu, Miguel Ángel Osorio Chong y Beatriz Elena Paredes Rangel. Y sus diputados: Dulce María Sauri Riancho, Rubén Ignacio Moreira Valdez, René Juárez Cisneros y Norma Guel Saldívar.
Los senadores de Movimiento Ciudadano: José Ramón Enríquez Herrera y Verónica Delgadillo García. Y sus diputados: Mario Alberto Rodríguez Carrillo y Martha Tagle Martínez.
Así como los senadores del PRD: Miguel Ángel Mancera Espinosa y Antonio García Conejo.
